La otra versión de los laudos.
Apuntes de Rolando Morales ✒️ 21 de julio de 2026
Antes de que alguien saque el viejo catálogo de excusas gubernamentales, conviene hacer un ejercicio sencillo: Creerle a los documentos, antes que a los discursos, porque los documentos, a diferencia de los políticos, tienen la mala costumbre de no improvisar.
Resulta que el Ayuntamiento de San Luis Potosí desembolsó 12.2 millones de pesos en laudos laborales entre enero y mayo de este año. Una cifra considerable, sí. Pero el verdadero problema no está en el dinero, sino en la narrativa que intenta envolverlo.
Cuando Enrique Galindo fue cuestionado por estos pagos, la explicación salió casi en automático, como respuesta predeterminada de cualquier administración pública mexicana: “son problemas heredados”. Según el alcalde, los laudos corresponden a conflictos de hace 10, 12 o hasta 13 años. La culpa, otra vez, vive cómodamente en el pasado.
Es un argumento atractivo porque tiene una enorme ventaja política: los responsables ya no están. No pueden responder. Son el villano perfecto.
El inconveniente aparece cuando la Plataforma Estatal de Transparencia alimentada por el propio Ayuntamiento decide arruinar la historia.
Los registros muestran otra realidad. De los 64 laudos pagados entre enero y mayo, 34 corresponden a expedientes de 2021; 18 a 2022; seis a 2023; cuatro a 2024 y dos a 2025. Traducido al español: la mayoría de esos procedimientos nacieron mientras Enrique Galindo ya despachaba en Palacio Municipal.
Y si alguien piensa que fue una casualidad estadística, basta revisar 2025: Ahí aparecen otros 97 laudos favorables para trabajadores, distribuidos nuevamente entre expedientes abiertos durante esta misma administración.
Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Cómo pueden ser “laudos de hace trece años” expedientes iniciados en 2021 o 2022?
La respuesta institucional llegó de inmediato.
El síndico Víctor Salgado aclaró que una cosa es el año del expediente y otra el origen del conflicto laboral.
Es decir, el juicio pudo abrirse en 2021, pero derivó de un despido ocurrido durante administraciones anteriores.
Y tiene razón. Jurídicamente eso puede ocurrir.
Existen procedimientos que tardan años en judicializarse o que pasan por distintas etapas antes de convertirse en un expediente formal.
El problema no es esa explicación.
El problema es que esa precisión nunca apareció en el discurso inicial del alcalde.
Porque entre decir “son laudos de hace más de diez años” y explicar que “muchos expedientes actuales derivan de conflictos laborales antiguos” existe una diferencia enorme.
La primera frase simplifica la realidad hasta convertirla en propaganda. La segunda reconoce la complejidad del problema.
Y en política, las omisiones suelen ser tan importantes como las mentiras.
Más allá de quién despidió a quién hace una década, hay otro dato que merece atención: el gasto va en aumento. Enero arrancó con 2.3 millones de pesos. Mayo cerró con 3.6 millones. Entre abril y mayo se fue más de la mitad del dinero ejercido durante todo el periodo.
Eso significa que el problema no se está extinguiendo. Sigue costando. Y seguirá costando.
Mientras tanto, el Ayuntamiento presume una política de conciliación para evitar que los litigios crezcan. Ojalá funcione. Porque si dentro de cinco años seguimos viendo expedientes iniciados en 2026 convertidos en nuevos laudos millonarios, alguien volverá a decir que todo fue culpa de otra administración.
Así funciona el reciclaje político. Cada gobierno recibe una herencia maldita y, curiosamente, nunca deja ninguna.
Lo verdaderamente irónico es que la evidencia utilizada para desmentir el discurso oficial no salió de una filtración clandestina ni de un expediente robado.
Estaba publicada por el propio Ayuntamiento en la Plataforma Estatal de Transparencia. Es decir, el gobierno terminó contradiciéndose con sus propios datos.
Y esa, quizá, sea la lección más costosa de estos 12 millones de pesos: hoy el mayor riesgo para la narrativa oficial ya no son los adversarios políticos, sino los archivos que la misma administración sube a internet.
Porque la memoria institucional podrá ser selectiva.
Pero la transparencia, cuando realmente se consulta, suele tener una memoria mucho mejor.
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