Cuando incumplir sale rentable…
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ / 23 de abril de 2026
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha convertido la ilegalidad en una forma de hacer política que no solo se repite, sino que además le resulta rentable.
No es un error ni un descuido, es una práctica constante que se sostiene porque las consecuencias simplemente no pesan frente a los beneficios que obtiene en cada proceso electoral, y en San Luis Potosí esto vuelve a quedar claro.
Las sanciones dadas a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE) confirman lo evidente. El Verde encabeza nuevamente la lista de irregularidades con más de 1.8 millones de pesos en multas derivadas de inconsistencias en sus informes de precampaña.
Pero el dato cobra mayor dimensión cuando se observa el conjunto: el total de sanciones impuestas a todos los partidos en la entidad ronda los 3 millones de pesos, lo que significa que el Partido Verde concentra por sí solo más de la mitad de las multas, una proporción que refleja con claridad quién incumple más y de manera sistemática.
La cifra, sin embargo, sigue siendo engañosa si se compara con el volumen real de recursos que se mueven en una elección.
Tan solo en el proceso electoral 2023-2024, los partidos políticos en la entidad potosina ejercieron decenas de millones de pesos en actividades de precampaña y campaña, por lo que una multa de este tamaño termina siendo marginal frente al beneficio político que se obtiene al rebasar o manipular los reportes financieros.
El problema de fondo es que estas sanciones no corrigen la conducta, la permiten.
El Partido Verde no solo incumple, lo hace sabiendo que el costo es mínimo frente a la ventaja política que obtiene.
La fiscalización electoral termina siendo un trámite más, una especie de cuota que se paga para seguir utilizando estrategias que claramente rebasan los límites legales.
A esto se suma un elemento aún más delicado.
Los gastos reportados ante la autoridad electoral suelen estar por debajo de lo que realmente se ejerce durante las campañas, y aun así el Verde aparece con irregularidades.
Esto no hace más que reforzar la sospecha de que existe un manejo de recursos mucho mayor fuera de los registros oficiales, lo que le permite operar con una ventaja difícil de competir para otros partidos.
Lo que ocurre en San Luis Potosí no es menor.
Se está normalizando que un partido pueda violar la ley electoral sin que eso afecte realmente su desempeño político.
Mientras las sanciones sigan siendo bajas frente al beneficio obtenido, el mensaje será claro: incumplir sigue siendo negocio y respetar la ley termina siendo la opción menos rentable.
