En voz alta: Derechos humanos y dignidad
La buena voluntad y la ley.
Las consultas pendientes del Congreso del Estado.
La opinión de Catalina Torres Cuevas ✒️ / 27 de junio de 2026
La consulta a las personas con discapacidad es un hecho novedoso en realidad.
Desde hace décadas se simulaba consultar, pero en realidad lo que se hacía era preguntar a los cuidadores, a los maestros, a los funcionarios y así a todas las personas menos a las personas con discapacidad. Se organizaban foros en donde desfilaban sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas y toda clase de ayudas técnicas que utilizan las personas con discapacidad.
A ellas se les colocaba en la parte de atrás, alrededor del auditorio, a las personas sin discapacidad se les sentaba en la mesa y dialogaban y debatían leyes, políticas públicas y “arreglaban” en la teoría el mundo de las personas con discapacidad.
Sin embargo, todo era opcional, dependía de la buena voluntad de los gobiernos que, en algún momento querían congraciarse con los grupos en situación vulnerable para sacar raja política.
En San Luis Potosí, la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Congreso del Estado a consultar a las personas con discapacidad, fue para la modificación de la Ley de Asistencia Social, muy al principio del actual gobierno verde, en diciembre de 2021.
En esa ocasión llevaron a cabo cuatro foros en las cuatro regiones del Estado con toda la inercia de las malas prácticas ancestrales.
Resultaron ser foros de lucimiento de los diputados que, en lugar de escuchar las necesidades de las personas con discapacidad, posaron para las fotos con un botón conmemorativo en su solapa y una bufanda hecha expresamente para el evento, como si fuera una fiesta o una celebración.
El poner atención no fue lo importante.
A partir de esa primera experiencia fallida los colectivos comenzaron a subir el nivel de exigencia de consulta a los tres niveles de gobierno.
En el municipio ganaron para que se rehiciera el Plan Municipal de Desarrollo después de consultarlos y, en el Gobierno del Estado también ganaron para modificar el Plan Estatal de Desarrollo.
Comenzaron a exigir que las consultas se llevaran a cabo con los estándares internacionales, con información accesible, con la posibilidad real de que las personas con discapacidad se expresen por sí mismas o con apoyos humanos, y que se incluya un momento dentro de la consulta en el que se indique la decisión final y su razonamiento.
Allí es donde todo comenzó a cambiar, ya no se trataba de hacer un foro que nadie entendiera y que no tuviera ninguna relevancia. Especialmente, el Congreso del Estado entró en rebeldía para llevar a cabo las consultas. Actualmente tiene dos sentencias vencidas, una por la Ley de Educación, vencida y sin cumplimiento desde mayo de 2025, hace ya más de un año y otra sentencia por la Ley Electoral, también vencida desde octubre de 2025.
Sin embargo, el pasado martes 23, por mayoría, se aprobaron modificaciones a la Ley Electoral, precisamente porque estas debían hacerse en tiempo para cumplir con los plazos electorales.
El problema es que, de acuerdo con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la Ley Electoral no debió haber sido modificada sin antes llevar a cabo una consulta, no sólo a las personas con discapacidad, sino también a las comunidades indígenas.
Por lo anterior, el Congreso del estado cayó en doble desacato: primero por no llevar a cabo las consultas y segundo por modificar la Ley Electoral cuando no le estaba permitido al Congreso sin antes llevar a cabo estos ejercicios. Al día de hoy, sábado 27 de junio, las modificaciones a la Ley Electoral no han sido publicadas en el Periódico Oficial.
Los colectivos están pendientes de la publicación para impugnar nuevamente, porque no permitirán que los propios hacedores de normas violen flagrantemente la Constitución, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la jurisprudencia de la Corte.
Antes lo solicitábamos de buena voluntad, ahora lo exigimos con la Ley en la mano.
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