• 18 noviembre, 2026 05:19

La ciudad que construyen, y las vidas que se quedan en el camino.

Apuntes de Rolando Morales ✒️ 18 de noviembre de 2026

Para nuestras ilustres autoridades que osan diseñar nuestra ciudad:

Sigan manteniendo sus políticas públicas enfocadas en aumentar la velocidad y privilegiar las necesidades del automóvil.

Sigan vendiendo como progreso las magnas obras vehiculares que lucen espectaculares desde una toma de dron, aunque en las calles, a nivel de banqueta, la ciudad siga siendo hostil para quienes caminan, pedalean o dependen del transporte público.

Sigan confundiendo desarrollo urbano con concreto, puentes y distribuidores viales, mientras las necesidades de miles de personas quedan relegadas a un segundo plano. Total, las grandes obras también sirven para alimentar los discursos electorales rumbo a 2027.

Sigan diseñando ciudades desde la comodidad de sus vehículos particulares, inaugurando puentes peatonales que llaman infraestructura segura, pero que difícilmente veremos a los propios funcionarios utilizar en sus desplazamientos cotidianos.

Desde sus automóviles pretenden dictar cómo debe moverse la clase trabajadora, esa que diariamente tiene que sortear vialidades peligrosas, esperar un transporte público deficiente o compartir carriles con vehículos que circulan a velocidades incompatibles con la vida urbana.

La pregunta es sencilla: ¿para quién están construyendo la ciudad?

Sigan organizando reuniones con colectivos después de alguna declaración incendiaria, tomándose la fotografía correspondiente y publicándola en redes sociales para simular apertura al diálogo. Pero que las imágenes no se confundan con resultados.

En San Luis Potosí llevan años acumulándose propuestas ciudadanas, diagnósticos, proyectos y exigencias de infraestructura ciclista y peatonal que no terminan de convertirse en transformaciones materiales del espacio público. El Plan Maestro de Ciclovías anunciado por el Ayuntamiento capitalino en noviembre de 2024 es apenas otro ejemplo de los pendientes que sobreviven entre anuncios y escritorios.

Mientras tanto, los datos no necesitan discursos para exhibir la dimensión del problema: Durante 2025, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí registró 2 mil 404 siniestros viales, un promedio de 6.6 diarios, con 303 personas lesionadas y 19 fallecidas. Ningún mes tuvo menos de 150 siniestros. No son números para adornar informes: son vidas interrumpidas y familias que ya no volvieron a recibir a alguien en casa.

Sigan culpando a la llamada cultura vial cada vez que ocurre una tragedia. Sigan reduciendo la discusión a la imprudencia individual, a quién tuvo la culpa o a lo que supuestamente debió hacer una víctima para evitar el desenlace. Es la salida más cómoda para autoridades que no quieren discutir el diseño de las calles, los límites de velocidad, la ausencia de cruces seguros y la falta de infraestructura protegida.

Los siniestros viales no son accidentes inevitables: también son consecuencia de decisiones de planeación, omisiones institucionales y políticas públicas que toleran entornos de riesgo.

Las cifras estatales tampoco permiten demasiadas excusas. San Luis Potosí aparece como la sexta entidad con más muertes por siniestros viales: 2 mil 529 personas fallecidas y 9 mil heridas en los últimos cinco años. El problema no está escondido: está documentado.

Y mientras las calles siguen cobrando vidas, el Congreso mantiene una deuda que lleva años acumulándose.

La Ley Santi, impulsada desde la sociedad civil para garantizar movilidad segura, infraestructura incluyente, atención a víctimas y una jerarquía que priorice a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, continúa dependiendo de la voluntad política de quienes han encontrado tiempo para discusiones y disputas legislativas, pero no para resolver una obligación pendiente desde 2022.

Ahora existe una nueva propuesta respaldada por el Ejecutivo y trabajada con dependencias estatales, pero todavía faltan etapas legislativas y consultas obligatorias.

Dejemos de revictimizar, de compartir imágenes que lastiman a las familias y de convertir cada muerte en una discusión sobre responsabilidades individuales.

Detrás de cada cifra hay una persona que tenía un destino, una rutina y alguien esperándola.

La ciudad no necesita más infraestructura monumental para los automóviles ni fotografías de reuniones que no cambian nada.

Necesita calles donde equivocarse no signifique morir, donde trasladarse no sea una apuesta y donde el derecho a llegar a casa no dependa del vehículo que cada quien pueda pagar.

Porque una ciudad que presume sus obras mientras acumula víctimas no está avanzando: está administrando su propia violencia vial.

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