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Esta es, la pregunta del día: ¿Cuántas veces más declarará, prometerá, amenazará o anunciará el alcalde del municipio de soledad de graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro que su municipio dejará de pertenecer al INTERAPAS, ya que por lo menos desde 4 años, en agosto de 2022, han dicho que ya iniciaron, están trabajando o “ya merito” terminan el análisis técnico para salirse del organismo, con la promesa fallida de que “en enero de 2026” tendrían su propio organismo, pero hasta la fecha, el alcalde, ausente de sus responsabilidades, solo se dedica a supervisar obras, no precisamente de su municipio?.
La agenda setting de hoy plantea: La demora, abulia e irresponsabilidad de la fiscalía de justicia del estado, a cargo de la maestra Manuela García Cázares, que provocan injusticia e impunidad, particularmente en el asesinato del joven estudiante de derecho de la UASLP y deportista, Salvador Martínez, y por otro lado en la agresión a Zaid, un niño de 12 años lesionado de gravedad con disparos de arma de fuego por 3 sujetos, quien lleva hospitalizado casi 4 meses con lesiones irreversibles, de quienes familiares y amigos realizaron con desesperación y enojo una manifestación, exigiendo justicia y resultados rápidos y concretos en las investigaciones.
Este es, el resumen de noticias:
Con serias amenazas legales, preocupantes para algunos, anuncia el titular del instituto de fiscalización superior del estado, Rodrigo Lecourtois López, que cualquier servidor público que recurra a proveedores de “empresas fantasma” podrían enfrentar procesos que los podrían llevar a la cárcel.
Lecourtois López, señaló que en las auditorías a las Cuentas Públicas 2025 que llevan a cabo, se tiene especial importancia en la revisión de empresas que facturan y deducen operaciones simuladas, dada la experiencia de hallazgos anteriores, por la actuación de malos funcionarios públicos.
Estas empresas, conocidas como “fantasmas o factureras”, son parte de los procesos permanentes de fiscalización por el daño patrimonial que ocasionan al erario público, por lo que el Instituto de fiscalización está obligado a dar vista al SAT, para que éste proceda de acuerdo a sus atribuciones.
El auditor del estado señaló que las operaciones inexistentes o simuladas con compra de facturas, implica consecuencias legales y fiscales muy graves, especialmente para los servidores públicos, que pueden incluso llevar a la cárcel, además de los delitos que incurran los proveedores en contubernio.
Por lo anterior y de forma directa, Rodrigo Lecourtois realizó un enérgico llamado a los servidores públicos de todos los entes auditables de abstenerse tratar con empresas que emiten comprobantes fiscales sin mediar los respectivos procedimientos de adquisición de bienes o prestación de servicios.
Al respecto, la organización: “Ciudadanos Observando” señaló que el oficial mayor del ayuntamiento capitalino, Salvador Moreno está “sumamente nervioso y preocupado” al habérsele detectado diversas razones sociales con las que presuntamente ha simulado operaciones y otras más, fantasmas.
En otros temas, a partir de la excomunión de la iglesia católica a los ladrones del Santísimo de un templo de Mexquitic, señala el vocero del arzobispado potosino que este acto es para creyentes católicos, existiendo una ventana al perdón pero que, en todo caso el desagravio continuará vigente.
Por enésima vez, solicitan constructores potosinos a través de su cámara empresarial, que la obra pública sea asignada a constructoras del estado, por el impacto que generan a la economía local.
Señala el comandante Adolfo Benavente que cada incendio de gran magnitud tiene un costo que ronda entre 70 y 100 mil pesos que nadie les rembolsa, que se suma a su déficit de 750 mil pesos al mes.
Con pobres y trillados argumentos, en un tema que algunos señalan como negocio y sin comprobar haber sido capacitados, busca el congreso legislar para obligar la certificación a motociclistas.
Ampliará Ricardo Gallardo los apoyos sociales en el municipio de Moctezuma con la rehabilitación de caminos, luminarias LED y ampliación de programas sociales.
Consolida Enrique Galindo 855 comités de seguridad e inteligencia social, con una red de más de 15 mil ciudadanos, empresarios y cuerpos de seguridad privada.