Nadie debería rogar por sus derechos.
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ 29 de octubre de 2026
Las víctimas de violaciones a derechos humanos no deberían tener que salir a las calles, protestar o intentar tomar edificios públicos para conseguir algo tan básico como una respuesta sobre sus casos. Sin embargo, en San Luis Potosí, las inconformidades de colectivas y colectivos reflejan una realidad incómoda: para algunas personas, buscar atención institucional se ha convertido en otro proceso desgastante.
La inconformidad que llevó a integrantes de colectivos a manifestarse frente al Congreso del Estado, e incluso a plantear la toma momentánea de sus instalaciones ante la ausencia de legisladores, no surgió de la nada. Detrás están las exigencias de atención a expedientes, la revisión del desempeño de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la necesidad de que las autoridades expliquen qué han hecho frente a las denuncias recibidas.
Las cifras permiten dimensionar el desafío. De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos del INEGI, al cierre de 2024 la CEDH potosina tenía mil 190 expedientes de queja pendientes de resolución. En mayo de 2026, la propia Comisión reportaba cerca de 500 quejas en trámite. Aunque se trata de cortes distintos y no son cifras directamente comparables, ambos datos evidencian la importancia de transparentar el estado de los casos y los tiempos de atención.
El problema no se limita a cuántos expedientes permanecen abiertos, sino a lo que significa esa espera para quienes buscan justicia. Cuando una persona acude a una institución para denunciar una posible violación a sus derechos, espera encontrar acompañamiento, orientación y respuestas. Si después debe insistir ante otras instancias, repetir procedimientos o movilizarse para conocer el estado de su expediente, el desgaste se acumula y la confianza institucional se debilita.
Por eso resulta cuestionable que las víctimas tengan que reconstruir una y otra vez su historia para obtener información que las propias autoridades pueden revisar. El Congreso tiene la posibilidad de solicitar expedientes, conocer las actuaciones realizadas y exigir explicaciones sobre los pendientes, sin trasladar a las personas afectadas la carga de demostrar nuevamente que necesitan atención.
La rendición de cuentas tampoco debería reducirse a una comparecencia programada o a una discusión sobre la permanencia de una funcionaria. La exigencia de revisar la gestión de la CEDH debe traducirse en información verificable, seguimiento a las quejas y claridad sobre los resultados. Lo mismo corresponde a las demás dependencias señaladas por quienes reclaman atención.
Las protestas pueden incomodar, alterar la agenda pública y abrir diferencias sobre las formas de manifestación, pero ignorar el fondo del reclamo no resuelve el problema. Las instituciones deben garantizar canales efectivos de diálogo y evitar que la inconformidad sea el único mecanismo para obtener una respuesta.
Al final, la medida de una institución que protege los derechos humanos no está solamente en las atribuciones que le concede la ley, sino en su capacidad para atender a quienes acuden a ella.
Las víctimas no deberían tener que elevar la voz cada vez más para ser escuchadas. Lo mínimo que merecen es saber qué ocurre con sus casos, qué acciones se han emprendido y qué falta por resolver. La justicia institucional también comienza cuando alguien deja de sentirse solo frente a un expediente.
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