• 19 noviembre, 2026 05:22

Las reglas electorales no se improvisan.

Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ 19 de noviembre de 2026

La reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí para reducir los tiempos de precampaña terminó por encontrarse con un obstáculo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó los cambios y ordenó restablecer los plazos anteriores rumbo a las elecciones de 2027.

La resolución no solamente representa un revés legislativo, también deja una discusión de fondo sobre la manera en que se están construyendo las reglas de la próxima contienda electoral.

En agosto pasado, los diputados aprobaron reducir de 40 a 20 días las precampañas para la gubernatura y de 25 a 20 días las correspondientes a diputaciones locales y ayuntamientos. El argumento era simplificar los calendarios, facilitar las labores de fiscalización y mejorar la operación del organismo electoral.

Sobre el papel podía parecer una medida administrativa, pero el problema estaba en que se pretendía aplicar el mismo periodo a elecciones con dimensiones territoriales y necesidades de organización muy distintas.

La Corte consideró que esa uniformidad no tenía una justificación razonable, pues no es lo mismo organizar una contienda para buscar la gubernatura, donde se requiere recorrer y establecer presencia en todo el estado, que competir por una diputación o una presidencia municipal. La diferencia también alcanzaba a quienes buscan participar sin el respaldo de un partido político, particularmente por las exigencias que deben cumplir para conseguir su registro.

Y es precisamente en este último punto donde la reforma mostraba una de sus mayores complicaciones. En San Luis Potosí, los aspirantes independientes deben reunir alrededor de 46 mil firmas para buscar la gubernatura, equivalentes al dos por ciento de la lista nominal, integrada por aproximadamente 2.3 millones de personas.

Reducir de 40 a 20 días el plazo para conseguir ese respaldo, sin modificar el porcentaje exigido, significaba obligarlos a reunir cerca de dos mil 300 firmas diarias. Una condición que, como advirtió el ministro Arístides Guerrero, podía convertirse en un obstáculo para ejercer el derecho a ser votado.

La resolución también obliga a revisar con mayor cuidado las decisiones que se tomen desde el Poder Legislativo en materia electoral.

Es cierto que los congresos locales cuentan con facultades para establecer y modificar sus propias reglas, pero esa atribución no significa que cualquier ajuste sea automáticamente válido. Las reformas deben tener una justificación suficiente y considerar los derechos de quienes participan en la contienda, no solamente las necesidades administrativas de las instituciones encargadas de organizarla.

El momento tampoco es menor. El proceso electoral de San Luis Potosí comenzó formalmente el pasado 15 de noviembre y, con la mirada puesta en 2027, los partidos comienzan ya a definir sus estrategias, posibles alianzas y perfiles para las candidaturas.

En ese escenario, que una modificación aprobada apenas en agosto termine invalidada en noviembre vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de dar certeza jurídica a todos los participantes. No se trata de que las leyes permanezcan intocables, sino de evitar que los cambios terminen generando más incertidumbre que soluciones.

Al final, la discusión no debería reducirse a quién promovió la impugnación o qué fuerza política consiguió que la Corte le diera la razón.

Lo verdaderamente importante es que las reglas electorales garanticen condiciones de participación y no se conviertan en herramientas que compliquen el acceso a una candidatura.

De cara a 2027, San Luis Potosí necesita un proceso con reglas claras, instituciones preparadas y decisiones legislativas que resistan el análisis constitucional, porque la competencia política debe definirse en las urnas y no en una sucesión de reformas que después tengan que corregirse desde los máximos tribunales.

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