El agua también se usa para la mezquindad política.
Apuntes de Rolando Morales ✒️ 20 de octubre de 2026
En San Luis Potosí, el agua no solamente se escapa por tuberías viejas, pozos averiados y un acueducto que falla: también se desperdicia entre políticos que han convertido cada gota en argumento electoral.
La discusión de la Ley de Cuotas y Tarifas de INTERAPAS para 2027 volvió a exhibir que, cuando se trata de administrar el agua, galindistas y gallardistas prefieren disputarse la razón antes que ponerse de acuerdo sobre quién paga, quién recibe y quién sigue abriendo la llave sin que salga nada.
Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del INTERAPAS, defendió una actualización tarifaria vinculada al índice inflacionario, con un límite de 8 por ciento. La diferencia no es menor cuando se pretende justificar un cobro.
El alcalde insiste en que no se propone un nuevo aumento, sino conservar el mecanismo de actualización aprobado anteriormente. Pero llamar continuidad a una indexación no explica, por sí solo, cuánto terminará pagando cada familia, cómo se calcula el ajuste ni por qué debe aceptarlo si el servicio sigue fallando. La inflación se publica; la pedagogía tarifaria, en cambio, parece seguir pendiente.
La propuesta llegó acompañada de estímulos: contratación doméstica sin costo, facilidades para pequeños comercios, compensaciones por interrupciones de El Realito y pozos averiados, condonación del pago para escuelas públicas de educación básica durante 2027, apoyos para adultos mayores y ajustes para viviendas de interés social, además de evitar cobros domésticos calculados sobre superficies que corresponden a estacionamientos.
También, se planteó extender beneficios a quienes sufren desabasto por más de cinco días de reparación de un pozo. Son medidas relevantes, pero no borran la pregunta central: ¿por qué las familias deben aprender a sobrevivir entre descuentos y compensaciones en lugar de recibir un servicio confiable? La propia discusión comercial exhibió contratos que pueden alcanzar 80 mil pesos, una barrera difícil de justificar para un negocio pequeño.
El choque político quedó retratado en la votación: el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz; el síndico Daniel Gerardo Cabrera Medina, y el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, rechazaron el proyecto.
Galindo cuestionó que sus opositores no respaldaran el paquete de estímulos; la CEA objetó la justificación técnica del ajuste y advirtió sobre una posible duplicación inflacionaria. Navarro, por su parte, pidió ampliar las compensaciones a quienes padecen fallas en los pozos, no solamente a los afectados por El Realito. Su planteamiento consiguió incorporar el supuesto de reparaciones prolongadas, aunque las condiciones para aplicar el beneficio todavía deberán precisarse.
El voto fue contra el proyecto completo, no contra un estímulo sometido individualmente, pero lo más revelador ocurrió en la mesa: según Galindo, Navarro y Martínez guardaron silencio al votar y minutos después aparecieron comunicados con argumentos que no expusieron durante la sesión. Si tenían objeciones técnicas, era el momento de plantearlas y discutirlas frente a los demás integrantes, no de reservarlas para el boletín posterior.
El desacuerdo es legítimo; el diálogo simulado, no. Mientras unos acusan falta de sustento y otros responden que nadie entendió la fórmula, la Junta de Gobierno termina convertida en escenario de una disputa entre galindistas y gallardistas, en el que hasta los adeudos sirven como munición: la CEA reclama a INTERAPAS 296.3 millones de pesos por saneamiento en la planta Tenorio, mientras el PAN denunció que el Gobierno estatal debe 278.5 millones al organismo por inmuebles y dependencias.
Entre acusaciones cruzadas, las cuentas siguen sin resolverse.
Y mientras los políticos discuten si hay crisis, Galindo insiste en que no existe: las presas tienen agua, los pozos funcionan y las fallas técnicas no equivalen, según él, a una emergencia hídrica.
El problema es que la crisis no se mide solamente por el volumen almacenado, sino por quién puede acceder al agua y quién debe esperar una pipa. Un estudio publicado en “Water”, documentó que el consumo concesionado alcanza 491 litros por habitante al día en el poniente de la capital, frente a 152 en Soledad y 166 en el centro-sur; el oriente dispone de 3.2 veces más agua que Soledad y el centro. Además, cinco de los ocho acuíferos identificados en la zona conurbada presentan déficit, que en conjunto supera los 150 millones de metros cúbicos anuales. El 96 % del agua consumida en la capital procede del acuífero profundo, cuya recarga puede tardar hasta cinco mil años.
Negar la crisis porque todavía hay agua en las presas es como negar la desigualdad porque algunos llenan sus albercas.
La mezquindad política consiste en discutir quién se anota el descuento, quién carga con el adeudo y quién se lleva la culpa, mientras la ciudadanía paga recibos, compra agua o espera que reparen el pozo.
El agua no necesita padrinos electorales ni comunicados de revancha: necesita reglas comprensibles, cuentas transparentes, infraestructura y distribución justa.
Pero en esta guerra, parece que a los políticos les preocupa más quedarse con la última palabra que garantizar que a todos les llegue la última gota.
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