• 14 octubre, 2026 07:16

Juego de tronos:

Galindo y Gallardo ya se declararon la guerra.

Apuntes de Rolando Morales ✒️ 13 de octubre de 2026

El informe de Enrique Galindo en Plaza de los Fundadores tuvo de todo: mega pantallas, pasarela de apellidos, gritos de “gobernador” y una declaración de guerra que, aunque no necesitó firma ni sello, dejó claro que San Luis Potosí ya entró en campaña.

La rendición de cuentas fue el pretexto; la sucesión de 2027, el verdadero invitado de honor. Ricardo Gallardo hizo su propia apuesta al anunciar que el Verde quiere conservar Soledad y conquistar la capital y Villa de Pozos. Galindo respondió que también quiere jugar. Lo demás ha sido una escalada de hipocresías, reproches y competencias por ver quién tiene el ego más grande y la altura política más corta.

La ironía comenzó cuando el alcalde de la capital cuestionó que Gallardo utilizara el informe de Juan Manuel Navarro para lanzar mensajes partidistas. Tenía razón en una cosa: un acto constitucional no debería convertirse en mitin. El problema es que horas después montó en Fundadores su propia plataforma de lanzamiento, con la cúpula panista de testigo y el coro de “gobernador” como música de fondo.

De pronto, aquello que le preocupaba cuando lo hacía el mandatario estatal dejó de ser un problema cuando le tocó hacerlo a él. El Verde vio la oportunidad y anunció denuncias por presunto uso electoral de recursos públicos; Galindo respondió que las críticas se explican por el miedo. Todos defienden la legalidad, siempre que la legalidad no les arruine el espectáculo.

La memoria política es selectiva: sirve para golpear al adversario, no necesariamente para explicar las propias contradicciones. Pero donde la disputa deja de ser un concurso de declaraciones y empieza a costarle dinero a la ciudad es en la obra pública.

El Eje 140 se convirtió en un pleito por quién tiene el proyecto correcto; Villa Magna, en una pelea por la paternidad de un viaducto de más de mil millones de pesos: El Estado asegura que tiene proyecto ejecutivo y que lo ejecutará la SEDUVOP; el Ayuntamiento sostiene que su propuesta existe desde 2023 y reclama invasión de facultades.

En salida a Guadalajara también hay diferencias sobre cómo concluir las intervenciones. Mientras ambos gobiernos se disputan planos, anuncios y reflectores, el ciudadano sigue esperando que las vialidades dejen de ser una promesa con membrete.

Y no son únicamente las obras que cada quien quiere adjudicarse. Galindo acusa que entre ocho y diez proyectos municipales permanecen atorados por trámites ante la Contraloría estatal, advirtiendo que podrían quedar comprometidos entre 500 y 800 millones de pesos del programa municipal.

Gallardo niega que exista un bloqueo y asegura que varios expedientes fueron liberados hace meses, pero reprocha que el Ayuntamiento no arranque los trabajos.  Si uno miente, el otro exagera o ambos administran la verdad a conveniencia, lo relevante es que nadie explica satisfactoriamente por qué una disputa entre oficinas amenaza con convertirse en calles sin reparar y recursos sin ejercer.

La inmadurez del gobierno estatal, si efectivamente está utilizando los procedimientos como instrumento de presión, sería especialmente grave: gobernar no es castigar al rival retrasándole la obra.

La guerra ya salpicó otros terrenos. El Congreso acusó al municipio de negar permisos para la carrera “Un Legado a la Nación”, que tuvo que reprogramarse después de que la solicitud de apoyo vial llegara el viernes por la tarde para un evento del domingo. La secretaría de seguridad capitalina defendió su decisión con el reglamento en la mano: quince días de anticipación.

Puede haber una justificación administrativa válida, pero el episodio terminó convertido en otra pieza del enfrentamiento entre instituciones.

Y cuando parecía que el inventario de agravios estaba completo, llegó la cereza del pastel: tres presuntos trabajadores de la SEDUVOP fueron detenidos por la policía capitalina, por tirar residuos ilegalmente en un predio al norte de la capital. La Fiscalía deberá determinar responsabilidades; políticamente, el caso ya tiene combustible suficiente para alimentar otra ronda de acusaciones.

En este “juego de tronos” potosino, cualquier evento, declaración, protesta, licitación o infracción puede convertirse en arma electoral.  El Verde quiere la capital; Galindo quiere demostrar que puede disputarle al Gallardismo algo más que una presidencia municipal. Ambos se miden el ego mientras presumen defender a la ciudadanía.

Pero los ciudadanos no necesitan saber quién ganó el último intercambio de golpes: necesitan agua, calles transitables, obras terminadas y gobiernos capaces de sentarse a resolver problemas sin convertir cada reunión en una derrota política.

Rumbo a 2027, la guerra apenas comienza.

Y el riesgo es que, cuando llegue la hora de contar los daños, los generales sigan en sus trincheras, los recursos continúen atorados y la factura vuelva a pagarla la ciudad.

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