La movilidad: La deuda que el ayuntamiento capitalino siempre refinancia.
Apuntes de Rolando Morales ✒️ 6 de octubre de 2026
Hay deudas que se pagan con dinero. Otras con tiempo. Y luego está la deuda de la movilidad en San Luis Potosí: esa que el Ayuntamiento lleva años refinanciando con discursos, mesas de trabajo, diagnósticos, compromisos, planes maestros, observatorios, reglamentos y fotografías de funcionarios señalando cruces peatonales recién pintados.
En días recientes el Cabildo aprobó por unanimidad una reforma al Reglamento de Tránsito. Una unanimidad tan perfecta que parecería que en la ciudad ya no existen desacuerdos. El problema es que, mientras los regidores levantaban la mano, los colectivos que participaron durante meses en las mesas de trabajo levantaban otra cosa: reclamos por opacidad, acuerdos incumplidos y simulación. Una diferencia nada menor.
La historia es conocida. Se convoca a la sociedad civil. Se instalan mesas. Se escuchan propuestas. Se toman fotografías. Se elaboran minutas, cuando las hay. Después llega la versión final del documento y los participantes descubren que gran parte de lo discutido desapareció en algún misterioso agujero burocrático. Entonces el gobierno asegura que sí escuchó a todos. Y técnicamente tiene razón: escuchar no implica necesariamente hacer caso.
El caso del nuevo reglamento es revelador porque resume el problema estructural de la movilidad potosina. El Ayuntamiento presume que ahora existe una jerarquía de movilidad donde primero van peatones, personas con discapacidad y ciclistas. Suena bien. El papel siempre ha sido un territorio extraordinariamente amigable para peatones y ciclistas. El problema aparece cuando uno sale a la calle.
Ahí siguen las avenidas diseñadas para que los automóviles circulen rápido. Ahí siguen las ciclovías deterioradas. Ahí siguen los cruces inseguros. Ahí siguen los proyectos de infraestructura que privilegian la velocidad vehicular sobre la seguridad humana. Ahí siguen las personas jugando una especie de ruleta rusa cada vez que intentan cruzar algunas vialidades.
El primer Semáforo Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial exhibió algo incómodo: prácticamente todo está en rojo. Reducción de siniestros, creación de una Dirección de Movilidad, observatorio ciudadano funcional, cumplimiento normativo en obra pública, mantenimiento y ampliación de ciclovías, atención a víctimas.
Como si la ciudad hubiera decidido sincronizar todos sus semáforos en una sola señal de advertencia.
Y no se trata de una crítica ideológica. Son compromisos que el propio Ayuntamiento firmó. Son metas anunciadas por la propia administración de Enrique Galindo.
Son proyectos presumidos en ruedas de prensa. El problema no es que los colectivos exijan algo imposible. El problema es que exigen lo que ya estaba prometido.
El ejemplo más ilustrativo quizá sea el programa Cruces Seguros. Fue aprobado hace más de un año. Existe acuerdo de Cabildo. Existen dependencias responsables. Existe presupuesto para algunas acciones.
Lo que no existe, aparentemente, es algo tan revolucionario como un calendario claro de ejecución. En la comisión correspondiente tuvieron que pedir porcentajes de avance porque nadie pudo explicar con precisión qué se ha hecho, qué está en proceso y qué sigue guardado en una presentación de PowerPoint.
Mientras tanto, la ciudad continúa acumulando siniestros viales. Porque sí, son siniestros. No accidentes. Un accidente es un hecho inevitable. Un siniestro suele ser consecuencia de decisiones, diseños y omisiones. Y en movilidad las omisiones también matan.
Lo paradójico es que el propio gobierno parece reconocer el rezago. Tras la polémica por el reglamento, funcionarios municipales admitieron ante colectivos que difícilmente podrán cumplir todos los pendientes que quedan en materia de movilidad durante el tiempo restante de la administración. Una confesión extraña: después de años defendiendo avances, la autoridad termina aceptando que no llegará a la meta.
La pregunta entonces ya no es si existe una deuda. La deuda está documentada, diagnosticada y hasta semaforizada. La pregunta es por qué sigue creciendo. Tal vez porque políticamente una ciclovía no luce tanto como un puente. Porque un cruce seguro no genera la misma fotografía que una obra millonaria. Porque reducir velocidades rara vez produce aplausos inmediatos. Porque la movilidad segura exige cambiar prioridades, y durante décadas la prioridad ha sido el automóvil.
Así, San Luis Potosí sigue atrapado en la misma contradicción: cada año habla más de movilidad y cada año parece acercarse menos a ella.
Los reglamentos cambian. Los discursos evolucionan. Las mesas se multiplican. Pero la deuda permanece intacta. Y como toda deuda pública mal administrada, al final no la pagan quienes la generaron. La pagan los ciudadanos. A pie, en bicicleta o en silla de ruedas. A veces incluso con algo más caro que los impuestos: con su propia seguridad.
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