En voz alta: Derechos humanos y dignidad
Carta abierta a las diputadas y diputados locales de San Luis Potosí.
La opinión de Catalina Torres Cuevas ✒️ / 28 de septiembre de 2026
Acabo de ver la sesión del Pleno del pasado lunes, en la que se aprobaron modificaciones a la Ley de las Personas con Discapacidad.
Probablemente consideren que estos cambios benefician a las personas con discapacidad.
Sin embargo, ese fue precisamente el tema abordado durante las audiencias que sostuvimos personas de todo el país con los ministros de la Suprema Corte, en octubre pasado.
En esas reuniones quedó claro que no se trata de actuar con paternalismo ni de asumir que otras personas «saben» qué es bueno o conveniente para quienes vivimos con discapacidad.
¿Sabían Ustedes que el 90 por ciento de los mexicanos que nacieron sordos o adquirieron una discapacidad auditiva antes de aprender español son analfabetas?
Les aseguramos que no lo sabían.
¿Y por qué no lo sabían? Porque no les han preguntado qué necesitan para aprender. Si lo hubieran sabido, es seguro que las modificaciones que acaban de hacer serían muy diferentes.
Es vergonzoso, ¿no lo creen?
En pleno siglo XXI, seguimos teniendo personas analfabetas, en flagrante violación de su derecho a la educación, sin que siquiera pueda alegarse que viven en comunidades en las que no llega la educación.
La educación está aquí; lo que falta es una metodología que les permita aprender.
Este asunto ni siquiera ha merecido la atención de nuestros legisladores, es decir, de ustedes.
Las modificaciones que acaban de aprobar no nos sirven de nada. Absolutamente de nada; puro bla, bla, bla.
Lo mismo ocurre con las demás discapacidades.
¿Creen que bastaba con obligar a todas las escuelas a admitir a estudiantes con discapacidad?
No, señoras y señores legisladores: se requieren apoyos, recursos y capacitación.
Obligar al personal docente —que no ha recibido la preparación necesaria— a atender en sus aulas a estudiantes con discapacidad, sin brindarle herramientas ni acompañamiento, solo propicia entornos que terminan empujando a esos estudiantes a abandonar sus estudios.
Pero no podrán comprenderlo mientras no realicen consultas auténticas.
¿Saben cuál es el problema?
Siguen considerando que las consultas son eventos aislados que pueden celebrarse una o, quizá, dos veces al año.
No es así: la consulta debe formar parte permanente de la vida institucional del Congreso.
Actuar de otro modo sería como contratar a una persona asesora únicamente cada vez que se presenta una iniciativa.
Sería absurdo, ¿verdad? Pues esto no es distinto.
Esta vez no promoveremos una acción de inconstitucionalidad.
Contamos con todo lo necesario para solicitar que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU les formule directamente la recomendación correspondiente.
Es lamentable que hayan tenido la oportunidad de hacer las cosas bien y la hayan desaprovechado.
Que hayan contado con todo el apoyo de nuestra parte, pero nula intención por permitir que la sociedad civil, las personas con discapacidad, participemos en los asuntos que nos atañen.
Atentamente,
Catalina Torres.
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