En voz alta: Derechos humanos y dignidad
Víctimas VIP de la CEDH
La opinión de Catalina Torres Cuevas ✒️ / 19 de octubre de 2026
La defensa selectiva de los derechos humanos en San Luis Potosí se ha dejado ver, sin ambages y, descaradamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha puesto muy claro que para ella hay personas de primera, de segunda y de tercera clase.
El 9 de octubre la CEDH emitió una recomendación a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la queja que presentó en abril el diputado Héctor Serrano sobre los dichos del rector que éste consideró discriminatorios.
Desvirtuando completamente la razón de la existencia de la CEDH, por definición un organismo público independiente, cuya misión es ser “defensora del pueblo”, la institución se saltó, sin hasta ahora explicar las razones al respecto, la interminable fila de quejas de la población potosina en situación de desventaja ante violaciones de derechos humanos, muchas de ellas recurrentes, que implican condiciones de salud, discapacidad, preferencias sexuales, trata de personas, violencia física, tortura, violencia de género, etc.
Y no sólo de las que se han recibido en el año vigente, sino las que tiene pendientes por décadas, congeladas para no incomodar a las autoridades, muchas de las cuales ameritan ser tomadas en cuenta antes que la del legislador, de la que emitió una recomendación, la décima, de las muy pocas que ha emitido este año, aunque argumente sin éxito que emitir muchas recomendaciones no es señal de eficiencia, narrativa que nadie cree.
Para mayor referencia a la CEDH, es importante resaltar que al diputado no le fue negado ningún derecho por los dichos del rector, como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Quienes ejercen un cargo público y participan en el debate público están sujetos a un mayor escrutinio. El estándar que trata sobre discriminación debe proteger a la sociedad, no a los poderosos.
Para la elaboración de una recomendación, en teoría, se evalúa si los hechos acreditan efectivamente una violación a los derechos humanos por parte de un ente o servidor público.
De tratarse de una violación grave, que es uno de los requisitos, es cuando entonces se elabora un proyecto de recomendación.
Por otro lado, las recomendaciones se emiten, principalmente, para que haya antecedentes y no vuelva a repetirse el hecho violatorio de derechos humanos y, preferentemente se dirigiría a pretender cambiar políticas públicas y actitudes de quienes ocupan una responsabilidad en la administración pública estatal y municipal, en el ámbito de la CEDH de San Luis Potosí.
Sin duda, para nadie es un secreto que hay infinidad de personas que llevan muchos años solicitando que se les haga justicia, ante hechos que han vivido y sufrido de violaciones reales de derechos humanos y desigualdades ofensivas.
Pero también sin duda, igual de ofensiva resulta el hacer una recomendación a un diputado que gana más de 100 mil pesos al mes, con seguridad pagada por el gobierno y un grupo de empleados a su cargo.
No es justo que su nombre se inscriba como víctima junto a periodistas qué él mandó a la cárcel con una ley a modo, de la que después tuvo que recular.
La ofensa para aquellas personas que han sido violentadas se hace más grande porque la CEDH ha sido omisa en sus obligaciones de defensa de las personas que habitamos o cruzamos por el Estado.
La CEDH tiene víctimas VIP. En lugar de protegernos en contra de los abusos gubernamentales, defiende al gobierno y olvida a la población.
Giovanna cada vez cae más bajo.
Contrapeso noticias… Opinión que hace opinión con una nueva generación de columnistas.
