En voz alta: Derechos humanos y dignidad
El desacato recurrente del Congreso del Estado.
La opinión de Catalina Torres Cuevas ✒️ / 18 de julio de 2026
El pasado miércoles 15 de julio, un grupo de personas de la sociedad civil del colectivo “Voces por la dignidad”, se entrevistaron con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí para exigir que cumpla con su trabajo de defensa de los derechos humanos de la población, elaborando y presentando una acción de inconstitucionalidad, para presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las acciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
El Congreso ya tenía pendiente la realización de consultas a las comunidades indígenas y de personas con discapacidad para la modificación de la Ley Electoral del estado, las cuales habían sido ordenadas por la Corte desde hace dos años, pero el Congreso ha hecho caso omiso y lo ha llevado al extremo de seguir modificando la Ley Electoral y, con las instrucciones del diputado Serrano, continúe sin realizarse las consultas obligadas por la Ley de Consulta Indígenas y la Constitución Política en su artículo primero.
El diputado Serrano insiste en que hay que hacer un “protocolo” como si éste estuviera por encima de la Ley de Consulta Indígena o la Convención de los derechos de las personas con discapacidad y, de acuerdo con sus dichos no se llevarán a cabo las consultas hasta que el Congreso tenga elaborado el “protocolo”.
Lo interesante de esto es que llevan más de dos años de retraso y por lo que se puede apreciar quieren seguir “pateando el bote” para que le toque a la siguiente legislatura, una práctica muy recurrente.
Debido a la reticencia del Congreso a realizar las consultas que ya fueron sentenciadas por la Corte y aun así a seguir modificando la legislación, es evidente la violación a la Constitución y el incumplimiento de las sentencias de la Corte.
Por ello, las personas del Colectivo Voces por la dignidad exigieron a la presidenta Giovanna Argüelles que llevara a cabo la acción de inconstitucionalidad.
Ante la posibilidad de que la presidenta argumentara falta de personal especializado para llevar a cabo la exigencia -pretexto que ha utilizado en muchas otras ocasiones-, se le entregó un borrador de más de cien páginas, de esta acción de inconstitucionalidad elaborada por el licenciado Luis González Lozano.
Entendemos que, si la CEDH realmente quiere defender a la gente común y corriente y no al Congreso del Estado, va a llevar a cabo esa acción de inconstitucionalidad hasta entregarla en la Corte.
También, se le dio a la presidenta un plazo de semana y media para que haga lo necesario para que el documento quede listo y firmado para el viernes 24 de julio que será cuando el colectivo se reunirá nuevamente con ella.
A decir verdad, Giovanna Argüelles Moreno tiene toda nuestra desconfianza.
Sabemos que está al servicio del gobierno, especialmente de los diputados quienes la mantienen en el cargo y eluden el juicio político que se ha solicitado en muchas ocasiones.
No es nuevo que la presidenta diga “sí” a todo, pero no al final no haga nada y deje que el tiempo transcurra para que la posibilidad de llevar a cabo una acción de este tipo se venza.
La presidenta tiene que hacer su trabajo de defensa de la gente y no del poder como lo ha hecho hasta este momento.
Giovanna tiene la oportunidad única de defender los derechos de las comunidades indígenas y de las personas con discapacidad (colectivo al que dice pertenecer), sin entender que la sociedad no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados…, ya no más.
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