Sin queja, no hay investigación…
Apuntes del periodista Samiel Moreno ✒️ 16 de julio de 2026
En política, tan importante como lo que ocurre, es lo que las instituciones deciden hacer frente a ello.
El festejo por los 20 años del Gallardismo reabrió una discusión que apenas comienza rumbo a la elección de 2027: ¿hasta dónde llega la promoción política y en qué momento comienza la campaña?
La respuesta, por ahora, no está en los discursos ni en los señalamientos de la oposición, sino en un requisito jurídico que parece tan simple como determinante; alguien debe presentar una queja formal.
La postura de la presidenta del CEEPAC, Paloma Blanco López, es legalmente correcta. El organismo no puede iniciar una investigación sobre posibles actos anticipados de campaña únicamente porque existan críticas públicas o exhortos de otros partidos.
La legislación establece procedimientos claros y, sin una denuncia presentada conforme a derecho, el árbitro electoral carece de herramientas para abrir un expediente y pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Sin embargo, el cumplimiento estricto de la norma no elimina el debate político.
Si los partidos consideran que hubo promoción indebida o un posicionamiento adelantado con fines electorales, resulta contradictorio que limiten su inconformidad a declaraciones mediáticas.
La política no se litiga en conferencias de prensa, sino en las instancias que la propia ley prevé.
De poco sirve denunciar en el espacio público aquello que no se está dispuesto a sostener con argumentos y pruebas ante la autoridad competente.
El caso también exhibe un desafío mayor para las instituciones electorales.
La legislación fue diseñada para sancionar llamados explícitos al voto, pero la realidad política ha evolucionado hacia estrategias mucho más sofisticadas de posicionamiento.
Hoy la construcción de imagen, los eventos masivos y las campañas permanentes suelen moverse en una delgada línea entre lo permitido y lo cuestionable.
Esa frontera seguirá siendo motivo de controversia mientras la ley mantenga criterios que dependen de elementos como el llamado expreso al voto, cuando la comunicación política moderna rara vez recurre a mensajes tan directos.
Por ahora, el expediente ni siquiera existe.
Y, mientras no exista una queja formal, el CEEPAC difícilmente podrá decir si hubo o no una violación electoral.
El vacío no favorece a nadie.
Deja a la autoridad sin posibilidad de actuar, a la oposición sin sustento jurídico para sus acusaciones y a la ciudadanía sin una respuesta institucional sobre un tema que inevitablemente marcará el inicio de la disputa por el 2027.
En democracia, las reglas importan, pero también importa la voluntad de utilizarlas.
Callar en los tribunales mientras se grita en el debate público termina siendo, también, una decisión política.
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