Uno de veintisiete decide la reforma en SLP…
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ / 14 de mayo de 2026
En San Luis Potosí ya comenzó a tomar forma una reforma político-electoral que pretende modificar reglas importantes rumbo a las próximas elecciones, aunque el verdadero problema no está únicamente en lo que contiene el proyecto, sino en la manera en que se está construyendo.
Otra vez el Congreso local decidió encerrarse, discutir en privado y avanzar entre acuerdos reservados mientras la ciudadanía observa desde fuera sin tener acceso claro a lo que realmente se negocia.
La reunión donde diputadas y diputados buscaron acelerar un dictamen único fue presentada como un ejercicio de consenso entre las 27 curules del Legislativo. Sin embargo, el mensaje terminó contradiciendo completamente esa versión.
Al salir del encuentro, quien habló, explicó y prácticamente encabezó toda la narrativa fue el diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, como si la reforma perteneciera únicamente a su grupo político y no a un Congreso integrado por distintas fuerzas.
Mientras Serrano fijaba postura y marcaba el rumbo de la discusión, el resto simplemente desapareció. La presidenta de la Directiva y diputada priista, Sara Rocha Medina, quedó reducida a un papel casi decorativo en uno de los temas más relevantes del actual periodo legislativo.
Del mismo modo ocurrió con Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política y representante de Morena, quien tampoco mostró una postura visible ni asumió liderazgo público en una discusión que tendría que pasar necesariamente por sus manos.
La imagen fue más reveladora que cualquier boletín oficial. Un solo diputado concentrando la voz, la conducción y la explicación política de una reforma que supuestamente fue respaldada por todas las bancadas.
Y entonces surge una pregunta inevitable sobre el verdadero equilibrio de poder dentro del Congreso potosino, porque si PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo o Nueva Alianza tienen diferencias, reservas o desacuerdos frente al Verde, simplemente no se notó. Lo que sí quedó claro es quién lleva el control político y quiénes parecen conformarse con acompañar decisiones ya tomadas.
La opacidad tampoco ayuda. Se habla de ajustes electorales, acciones afirmativas, cambios en tiempos de proceso y hasta posibles filtros para candidaturas, pero nada termina de explicarse públicamente con claridad.
Todo permanece atrapado en reuniones privadas, versiones parciales y acuerdos que avanzan lejos del escrutinio ciudadano. Y eso resulta especialmente delicado cuando se trata de una reforma electoral, porque modificar las reglas de competencia política nunca debería convertirse en un ejercicio reservado para negociaciones internas.
En cualquier democracia sana, las reformas de este nivel tendrían parlamento abierto, debates públicos y confrontación real de ideas. Aquí no, todo lo contrario.
El Congreso parece más interesado en un rápido dictamen antes de noviembre que en transparentar un proceso que merece análisis amplio y discusión pública seria.
Al final, lo que empieza a construirse en San Luis Potosí no es solamente una reforma electoral. También se está consolidando una percepción política incómoda para quienes insisten en llamarse oposición, porque mientras unos guardan silencio y otros apenas observan, el Partido Verde continúa marcando la agenda, controlando la narrativa y dejando claro que incluso dentro del Congreso local hay fuerzas que parecen haber perdido la capacidad de contradecirlo.
