¿Esperar a que sea demasiado tarde?
Apuntes del periodista Samiel Moreno ✒️ 9 de julio de 2026
En la Huasteca potosina volvió a encenderse una alarma que las autoridades no pueden darse el lujo de minimizar.
No porque exista ya un proyecto de fracking en marcha, sino porque la incertidumbre ha crecido lo suficiente para que los pueblos indígenas sientan la necesidad de salir públicamente a defender su territorio antes de que alguien tome decisiones por ellos.
Más allá de las acusaciones que contienen, el posicionamiento de las autoridades Tének y nahua de San Antonio refleja un profundo desgaste en la confianza hacia las instituciones.
Hablan de traición, de simulación, de división comunitaria y de un posible intento por abrir la puerta a proyectos extractivos que, aseguran, pondrían en riesgo el agua y la vida de la región.
Son señalamientos de enorme dimensión que merecen respuestas igual de contundentes, no silencios administrativos ni declaraciones que apuesten únicamente a esperar información oficial.
Y no es cosa menor cuando el secretario general de Gobierno sostiene que primero deben existir confirmaciones para actuar, deja abierta una pregunta que inquieta.
¿Cuándo será el momento adecuado para intervenir? ¿Cuándo las exploraciones estén avanzadas, cuándo existan permisos otorgados o cuándo el conflicto social ya sea imposible de contener?
La experiencia demuestra que la prevención siempre resulta menos costosa que la reacción. Eso aplica en materia de seguridad, de salud pública y también en los conflictos ambientales.
Si existe un documento, un plan o incluso indicios de que una región tan sensible como la Huasteca pudiera verse involucrada en proyectos de extracción mediante fracturación hidráulica, lo mínimo que esperan las comunidades es que el Gobierno del Estado investigue, informe y fije una postura clara.
La incertidumbre, cuando se prolonga, termina convirtiéndose en el principal combustible de la desconfianza.
Del otro lado también existe una responsabilidad ineludible para el Gobierno Federal y para Pemex.
Si realmente no existe intención de impulsar el fracking en la Huasteca, deberían decirlo con absoluta claridad y respaldarlo con documentos públicos que despejen cualquier duda.
Si, por el contrario, existen estudios o proyectos en análisis, las comunidades tienen derecho a conocerlos antes de que aparezcan las máquinas y no cuando las decisiones ya estén tomadas.
Conviene recordar que la Huasteca no es cualquier territorio, es una región donde el agua sostiene ecosistemas, actividades productivas y la identidad de pueblos originarios que durante décadas han defendido su tierra frente a distintos intereses.
Ignorar esa realidad sería repetir errores que en otras partes del país terminaron convertidos en conflictos sociales de larga duración.
Mientras tanto, las autoridades siguen pidiendo confianza a la ciudadanía con esta ausencia de su accionar, sin embargo, la confianza no se construye con respuestas ambiguas ni con llamados a esperar.
Se construye con información transparente, con diálogo permanente y con decisiones oportunas.
Cuando una comunidad siente que debe levantar la voz porque nadie la escucha, el problema ya dejó de ser únicamente ambiental y se convirtió también en un asunto de gobernabilidad.
Al final, el debate no debería centrarse únicamente en si habrá o no fracking.
La verdadera discusión consiste en saber si las instituciones están dispuestas a proteger el patrimonio natural de la Huasteca antes de que aparezca una amenaza real o si, una vez más, esperarán a que el conflicto estalle para entonces decir que nadie pudo preverlo.
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