La austeridad selectiva en la UASLP…
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ / 7 de mayo de 2026
En San Luis Potosí, pocas instituciones poseen el peso político, social y simbólico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Durante décadas, la máxima casa de estudios se ha presentado como el principal motor de movilidad social para miles de jóvenes potosinos y, al mismo tiempo, como una institución constantemente asfixiada por los problemas presupuestales. Año con año, el discurso universitario gira alrededor de la insuficiencia financiera, los retrasos en subsidios federales y estatales, así como de la necesidad de que el Congreso del Estado y los gobiernos en turno comprendan la relevancia de fortalecer económicamente a la universidad.
Apenas en marzo de este año, el rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció que la universidad había recibido únicamente cerca del 10 por ciento de los recursos federales y estatales correspondientes a 2026, situación que incluso puso presión sobre el pago de nómina universitaria. La propia institución advirtió desde enero una “crítica situación financiera” derivada del retraso en ministraciones presupuestales.
Sin embargo, el problema comienza cuando ese discurso de precariedad choca de frente contra la realidad de los salarios que percibe la alta burocracia universitaria.
Porque mientras estudiantes toman clases en espacios deteriorados, mientras algunos campus regionales continúan con carencias estructurales y mientras docentes y personal administrativo denuncian rezagos internos desde hace años, los ingresos de directores y funcionarios universitarios parecen vivir en una dimensión completamente distinta a la crisis que se denuncia públicamente.
Los datos de la Plataforma Estatal de Transparencia son contundentes. En marzo de 2026, el director de la Facultad de Medicina, Ismael Francisco Herrera, reportó una remuneración neta superior a los 118 mil pesos mensuales, mientras que el ingreso “más bajo” entre direcciones universitarias superó los 65 mil pesos netos.
A ello se suman percepciones todavía más elevadas en la cúpula universitaria. Diversos reportes periodísticos publicados en las últimas semanas revelaron que el propio rector registró ingresos netos por más de 174 mil pesos durante marzo, mientras otros funcionarios universitarios superaron ampliamente los 140 mil pesos netos mensuales.
Porque la UASLP no es una empresa privada. Es una institución pública financiada, en gran medida, con recursos federales y estatales. Tan solo el presupuesto aprobado para 2026 asciende a casi 4 mil millones de pesos, de los cuales más de 2 mil 500 millones provienen de recursos federales calendarizados por la SEP.
La universidad tiene derecho a exigir mayores apoyos, pero también tiene la obligación moral y política de transparentar cómo se distribuye internamente ese dinero.
Mientras se difunden los salarios de personal operativo y directivos menores, distintas publicaciones han señalado que la información de la cúpula universitaria permaneció oculta durante parte de este año o fue presentada de forma poco clara mediante conceptos extraordinarios mezclados con prestaciones y bonos.
La promesa de convertir a la universidad en una “caja de cristal” terminó chocando contra una realidad donde la opacidad continúa apareciendo justo en las áreas de mayor interés público.
El debate tampoco es un asunto aislado de San Luis Potosí. En prácticamente toda América Latina las universidades públicas enfrentan tensiones crecientes entre financiamiento insuficiente y estructuras administrativas cada vez más costosas.
En distintos países, organismos universitarios han reconocido que entre el 85 y el 93 por ciento de sus presupuestos termina destinado al gasto salarial. El problema surge cuando ese gasto no necesariamente se refleja en mejores condiciones académicas, investigación fortalecida o infraestructura digna para estudiantes.
Al final, la percepción pública se construye desde la comparación más inmediata y brutal: mientras un estudiante universitario batalla diariamente con transporte, renta, alimentación y materiales escolares, dentro de la propia universidad existen funcionarios con ingresos equivalentes a los de magistrados, diputados o secretarios estatales.
Y quizá lo más delicado sea que buena parte del gremio universitario ya no observa estas diferencias con normalidad. Desde hace tiempo, docentes, administrativos y estudiantes han comenzado a cuestionar una estructura universitaria donde la austeridad parece exigirse hacia abajo, pero rara vez alcanza los niveles más altos de decisión.
La autonomía universitaria sigue siendo indispensable. Nadie serio podría cuestionar eso. Pero autonomía jamás debe confundirse con inmunidad al escrutinio público. Mucho menos cuando la propia universidad coloca el tema financiero en el centro de su narrativa política cada vez que necesita respaldo institucional o presión presupuestal.
Porque una universidad pública no solamente se mide por sus discursos académicos ni por sus posicionamientos políticos. También se mide por su capacidad de actuar con congruencia frente a la comunidad que sostiene y a la que sin duda debe su existencia.
