El riesgo de decidir quién puede hablar…
Reflexiones del periodista Samuel Moreno ✒️ / 4 de junio de 2026
Cuando un gobierno asegura que no busca censurar, pero al mismo tiempo impulsa mecanismos para regular quién puede informar y bajo qué condiciones, vale la pena prestar atención.
La iniciativa para regular páginas y perfiles digitales anónimos ha sido defendida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona bajo el argumento de que busca combatir la desinformación, proteger el trabajo periodístico y garantizar el derecho de réplica.
Sobre el papel, pocos podrían estar en desacuerdo con esos objetivos.
El problema aparece cuando se observa quién promueve la medida y desde dónde se impulsa.
En cualquier democracia, las autoridades tienen la obligación de tolerar la crítica, incluso aquella que consideran injusta, exagerada o incómoda.
Esa es parte de la naturaleza del debate público.
Por eso, cada vez que un gobierno plantea reglas para vigilar o identificar a quienes participan en la conversación pública, las alertas se encienden de manera automática.
Es cierto que existen páginas dedicadas a difundir información falsa, campañas de desprestigio o contenido sin verificar.
También es cierto que abundan los espacios que copian material periodístico sin atribuir créditos. Nadie puede negar esa realidad.
Pero una cosa es combatir esas prácticas y otra muy distinta abrir la puerta para que el poder determine quién cumple con los requisitos para informar y quién no.
La historia reciente de México demuestra que muchas denuncias ciudadanas comenzaron desde el anonimato.
Funcionarios corruptos, abusos de autoridad, irregularidades administrativas y casos de interés público fueron expuestos por personas que difícilmente habrían dado la cara por miedo a represalias.
Pensar que toda expresión anónima es necesariamente maliciosa resulta tan equivocado como afirmar que toda información publicada con nombre y apellido es verdadera.
Lo preocupante es el mensaje de fondo.
Cuando desde el poder se insiste en que debe existir un responsable identificado detrás de cada espacio informativo, la discusión deja de centrarse únicamente en las noticias falsas y comienza a tocar un terreno mucho más sensible: El de la libertad de expresión.
Porque una regulación mal diseñada puede terminar generando un efecto de autocensura.
No hace falta prohibir publicaciones para limitar la expresión. A veces basta con crear incertidumbre, establecer posibles sanciones o enviar la señal de que ciertas voces estarán bajo observación.
Resulta llamativo que la preocupación gubernamental se concentre ahora en las páginas digitales cuando los mecanismos legales para denunciar difamación, daño moral, usurpación de identidad o violaciones a derechos de autor ya existen.
La pregunta entonces es si realmente hace falta una nueva regulación o si se busca tener mayores herramientas para intervenir en una conversación pública que cada vez escapa más al control de los actores políticos tradicionales.
La libertad de expresión nunca ha sido cómoda para quienes gobiernan. De hecho, su función principal es precisamente permitir que existan voces incómodas.
Por eso el debate no debería enfocarse en si algunas páginas anónimas se comportan de manera irresponsable. El verdadero asunto es, si el remedio que se propone puede terminar siendo más peligroso que la enfermedad.
Y cuando se trata de libertades, cualquier duda merece ser tomada con absoluta seriedad.
Contrapeso noticias… Forjando opinión con una nueva generación de columnistas.
