ACTUALMENTE HAY UNA DISCREPANCIA DE PLAZOS ENTRE LA LEY DE HACIENDA Y LA LEY DE TRÁNSITO
La diputada María Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa que pretende reformar la Ley de Hacienda para el Estado y la Ley de Tránsito del Estado, con el objetivo de armonizar los plazos legales establecidos en el trámite de dotación de placas y control vehicular en el estado de San Luis Potosí.
Esto, debido a que actualmente existe una contradicción en el establecimiento de términos de temporalidad entre la Ley de Hacienda local y la Ley de Tránsito del Estado; se propone fijar un plazo único de quince días naturales contados a partir de la adquisición de un vehículo nuevo, brindando así certeza jurídica a los contribuyentes y optimizando los mecanismos de control, recaudación y fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
El marco jurídico actual de San Luis Potosí presenta una antinomia o contradicción normativa que afecta directamente el principio de certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos; por un lado, la fracción I del artículo 64 de la Ley de Hacienda del Estado establece que la dotación de placas debe realizarse dentro de los “quince días” siguientes a la fecha de compra; por el otro, el artículo 23 de la Ley de Tránsito del Estado señala un plazo de “treinta días” para el mismo trámite.
La legisladora planteó que esta discrepancia legislativa genera confusión en el particular, quien no tiene certeza sobre el límite real de su obligación; asimismo, la omisión en la especificidad de los días, si se trata de días hábiles o naturales, obstaculiza las facultades de comprobación y la eficiencia operativa de la autoridad hacendaria, se hace necesario corregir esta discrepancia para que la ley de carácter administrativo, se sincronice con la ley de naturaleza tributaria.
La diputada Robles Chairez expuso que en San Luis Potosí, la inscripción de vehículos nuevos y su correspondiente control vehicular no solo representan una vertiente de seguridad pública, sino también un motor de recaudación fiscal indispensable a través del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), los derechos de alta y los refrendos correspondientes, recursos que son devueltos a la sociedad mediante infraestructura y políticas públicas.
Los argumentos para fijar el plazo en “quince días naturales” responden directamente a criterios de eficiencia administrativa y modernización institucional, tales como la “certeza operativa”, en el que se puede decir que la Secretaría de Finanzas del Estado, como dependencia encargada del trámite de alta vehicular, cuenta hoy con plataformas digitales y sistemas de control que exigen una temporalidad estricta y estandarizada para el procesamiento de datos fiscales y la actualización de los padrones vehiculares.
Y la “especificidad jurídica”, que al determinar formalmente que los días son “naturales”, se evita cualquier interpretación subjetiva por parte del contribuyente o de la autoridad, homologando los criterios de vencimiento en una métrica de tiempo uniforme.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.