La libertad en tiempos de tensión…
Reflexiones del periodista Samuel Moreno ✒️ / 18 de junio de 2026
Hay temas que trascienden la coyuntura política y terminan convirtiéndose en una prueba para la salud democrática de una sociedad. Lo que ocurre actualmente en San Luis Potosí en torno a la libertad de expresión es uno de ellos.
Las discusiones generadas por la llamada Ley Serrano, las controversias derivadas de acciones judiciales contra comunicadores y la creciente preocupación manifestada por organizaciones civiles y ciudadanos han colocado al estado en una conversación nacional que difícilmente puede ignorarse.
Más allá de las posturas encontradas y de las explicaciones jurídicas que puedan existir sobre cada caso en particular, el debate de fondo no debería centrarse únicamente en la legalidad de determinadas acciones, sino en sus efectos sobre la vida pública.
La libertad de expresión suele valorarse cuando se pierde, pero pocas veces cuando se ejerce cotidianamente. Se encuentra en la pregunta incómoda durante una rueda de prensa, en la columna que cuestiona una decisión gubernamental, en el reportaje que exhibe irregularidades o en la publicación de un ciudadano inconforme con la actuación de sus autoridades.
Es un derecho que no pertenece exclusivamente a los medios de comunicación; es una herramienta que permite a la sociedad vigilar a quienes administran el poder. Por ello resulta significativo que la preocupación ya no se limite al ámbito periodístico.
La reciente Marcha por la Dignidad de los Potosinos y la Libertad de Expresión dejó ver que el tema ha logrado conectar con sectores ciudadanos que entienden que el problema no radica únicamente en el destino de algunos comunicadores.
Lo que preocupa es el precedente. Porque cuando la crítica comienza a generar temor, el riesgo no es solamente para quien la ejerce, sino para todos aquellos que podrían decidir guardar silencio.
Las democracias no suelen deteriorarse mediante prohibiciones abiertas. Lo hacen de manera gradual. Primero aparece la confrontación constante con las voces críticas. Después llegan los mensajes que buscan desacreditarlas.
Más tarde surgen mecanismos que generan incertidumbre sobre los límites de la opinión pública. Finalmente aparece la autocensura, quizá la forma más efectiva de silenciamiento porque no necesita imposiciones directas: basta con que las personas concluyan que es mejor no hablar.
En ese contexto, los gobiernos tienen una responsabilidad especial. El poder público está obligado a tolerar un mayor nivel de escrutinio precisamente porque administra recursos, toma decisiones colectivas y representa intereses ciudadanos.
Ninguna administración está exenta de críticas, y ninguna democracia madura puede construirse bajo la lógica de que cuestionar equivale a atacar. La crítica puede ser dura, incluso injusta en ocasiones, pero la respuesta institucional siempre debería ser más diálogo, más transparencia y más apertura.
Lo que sucede en San Luis Potosí también debería observarse desde una perspectiva más amplia.
Durante los últimos años, distintas entidades del país han protagonizado episodios que han encendido alertas entre organismos defensores de derechos humanos, periodistas y especialistas en libertades democráticas.
Cada caso tiene matices distintos, pero todos comparten una misma preocupación: la creciente tensión entre el ejercicio del poder y el derecho de la sociedad a cuestionarlo. Quizá por eso este momento exige algo más que posicionamientos políticos. Exige una reflexión colectiva sobre el tipo de estado que se quiere construir.
Porque los gobiernos son temporales, las administraciones cambian y los proyectos políticos terminan. Lo que permanece son las libertades que una sociedad decide defender.
Y si algo enseña la historia es que el silencio nunca ha fortalecido a la democracia; por el contrario, suele ser el primer síntoma de que algo comienza a fallar.
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