ES INDISPENSABLE QUE LA CIUDADANÍA CUENTE CON INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE CUANDO SE TRATA DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, exhortó al Ayuntamiento de la capital a transparentar el destino de los recursos obtenidos por la venta de predios municipales, así como aclarar las razones que motivan la solicitud de un crédito por 200 millones de pesos.
El legislador señaló que es indispensable que la ciudadanía tenga información clara y precisa sobre el manejo de los recursos públicos, especialmente cuando se trata de operaciones financieras y patrimoniales de gran relevancia para el municipio.
Recordó que, en su momento, se informó que la enajenación de los predios podría representar ingresos cercanos a los mil millones de pesos, sin embargo, hasta el momento no existe información suficiente sobre el avance del proceso, ni sobre el destino específico que tendrían dichos recursos en materia de servicios básicos.
“Ha habido poca transparencia de parte del Ayuntamiento de la capital, primero con el tema de la venta de predios, porque se hablaba de una enajenación que iba a generar alrededor de mil millones de pesos y la verdad es que no sabemos absolutamente nada de ese tema”, expresó.
Asimismo, manifestó preocupación ante la posibilidad de contratar un crédito por 200 millones de pesos, al considerar que tampoco se ha informado con claridad sobre sus alcances, condiciones y beneficios para la población.
El diputado Gámez Macías destacó que las y los servidores públicos tienen la responsabilidad de actuar con apertura y rendición de cuentas, por lo que consideró erróneo concebir la administración municipal como un patrimonio propio.
“Los servidores públicos estamos de paso y sería erróneo tratar de ver la alcaldía como un negocio patrimonial”, puntualizó.
Por último, advirtió que, de persistir la falta de información, podría solicitarse la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para que, mediante las auditorías correspondientes, determine el destino de los recursos y los beneficios generados para la sociedad.