Traición a la ciudadanía, o una forma vil de legalizar el chapulineo político…
Por: El Ángel guardián / 16 de marzo de 2026
En política hay cosas que indignan por inmorales, y otras que indignan más porque se aprueba volverlas legales. La iniciativa que se cocinó en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, impulsada por el diputado local plurinominal de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, pertenece a esa segunda categoría: la normalización del oportunismo, institucionalizar el chapulineo y convertir la traición al elector en una facultad parlamentaria con barniz de reforma “moderna”.
La iniciativa del ex panista Gama Basarte que modifica el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, para que diputadas y diputados que llegaron postulados y representando a un partido político o coalición puedan, una vez rendida protesta, abandonar a esa fuerza política e integrarse a otro grupo parlamentario.
La propuesta fue presentada en abril de 2025, aprobada con poco debate como siempre en comisiones y lo peor, logrando la mayoría calificada con 18 votos en el pleno, es decir hoy, ya vigente.
Dicho sin eufemismos: se pretende legalizar la deslealtad.
Porque una cosa es que un legislador tenga diferencias internas, rompa con su dirigencia o exprese desacuerdos con la línea partidista; eso es parte de la vida democrática. Pero otro tema muy distinto es que alguien llegue al Congreso bajo unas siglas, con una plataforma, una narrativa y una oferta política determinada, y luego, ya instalado en la curul, decida mudarse de camiseta como si se tratara de cambiar de mesa en un restaurante.
No, diputados: la curul no es propiedad privada del ego político. La representación no es una licencia para renegociarse al mejor postor. El voto ciudadano no es un cheque en blanco para que cada quien haga de su escaño una franquicia personal.
Quien vota por una candidatura postulada por un partido no sólo respalda a una persona. También avala una identidad política, una agenda, una historia, una oposición o un respaldo frente al poder.
El elector no acude a las urnas para participar en una rifa de personalidades volátiles, ni mucho menos para descubrir, semanas o meses después, que el diputado al que votó, terminó fortaleciendo un bloque distinto del que prometió representar. Eso, aquí y en cualquier democracia seria, tiene un nombre muy simple: fraude político.
Sin embargo, desde el Congreso se quiere vender como si fuera un avance en “libertad parlamentaria”.
Qué curioso: la libertad siempre aparece como argumento cuando conviene a los políticos, pero casi nunca cuando conviene a los ciudadanos.
Para la clase política, libertad significa poder cambiar de grupo sin costo. Para la ciudadanía, en cambio, la libertad termina reducida a ir a votar cada tres años, hacer fila, tachar una boleta y luego observar cómo los elegidos reescriben las reglas para acomodarse mejor en el tablero.
Ese es el fondo del asunto: no estamos ante una reforma pensada para fortalecer la representación, sino para flexibilizar la conveniencia.
No se trata de ampliar derechos ciudadanos, sino de ampliar márgenes de maniobra para la supervivencia política de quienes viven calculando el próximo movimiento.
Nadie puede ser tan ingenuo como para pensar que esta propuesta nace de una preocupación doctrinal por la pureza del parlamentarismo.
No. Estas reformas casi nunca nacen de la teoría; nacen de la necesidad, del interés, de la miseria, del cálculo, del tanteo, del mensaje cifrado y del plan B.
Por eso la pregunta resulta inevitable: ¿Marco Gama está legislando para el interés público o para su propio porvenir? ¿Está construyendo una regla general o preparando una puerta de salida personal?
Porque en política las casualidades suelen tener operador, y las reformas a modo casi siempre tienen destinatario.
Cuando un diputado promueve una norma que facilita cambiar de bancada, en un contexto donde el acomodo de fuerzas rumbo a las próximas elecciones se vuelve cada vez más evidente, la sospecha no sólo es válida: es obligatoria.
Y ahí aparece el elefante verde en la sala.
¿Será que Marco Gama analiza todas las aristas para su supervivencia política? ¿Será que esta reforma, disfrazada de actualización normativa, es en realidad una escalera por si mañana conviene aterrizar en otra azotea? ¿Será que el horizonte del Partido Verde, con su capacidad de absorción, su cercanía al poder local y su pragmatismo electoral, empieza a verse demasiado atractivo para algunos perfiles que saben que en política no siempre sobrevive el más congruente, sino el mejor acomodado?
No afirmo. Pregunto.
Pero en política, a veces las preguntas dicen más que los boletines.
No debemos perder de vista que esta iniciativa tiene un problema moral que ni toda la técnica legislativa puede maquillar.
Un diputado plurinominal, más que nadie, debería ser cuidadoso con estas maniobras.
¿Por qué?
Porque su llegada al Congreso no descansa en una elección directa de mayoría relativa, sino en una lista de representación proporcional construida justamente por un partido.
Es decir, no arriba sólo por su carisma personal o por una campaña territorial propia, sino por una asignación que deriva de votos obtenidos por una fuerza política específica.
Si alguien llega por esa vía y luego pretende brincar a otra bancada, el mensaje al ciudadano es devastador: “gracias por los votos que me dieron para entrar; ahora ya veré a quién se los capitalizo”.
Eso no es libertad de conciencia. Eso es usufructo de siglas ajenas.
Y aquí conviene detenernos en algo más profundo: la ciudadanía no puede seguir siendo el convidado de piedra del sistema electoral. Los partidos discuten solo entre ellos, burlándose de una ciudadanía a quien han convertido en espectador y conejillo de indias de sus decisiones, que cuando son aprobadas, no hay nada que se puede hacer.
Los diputados negocian regularmente en la opacidad. Las reformas se dictaminan entre ellos. Y al final, al ciudadano se le reserva el papel más decorativo de todos: el de legitimador periódico, pero sin voz, ni voto, por más que nuestros legisladores se desgañiten diciendo que son los oídos y la voz del pueblo.
La ciudadanía como masa, de forma natural y con expectativa quiere fortalecer a la democracia, salir a votar, presumir su desarrollo y hacer más participación cívica… para sólo poder ser simples observadores desde las gradas, cómo los protagonistas, los legisladores, deciden que tu voto es transferible, interpretable o, peor aún, reciclable.
Hoy, la ciudadanía y los políticos deben entender que la democracia no se agota en cruzar y depositar una boleta el día de las elecciones.
Si de verdad se respetara a la ciudadanía, este tipo de discusiones partirían de una pregunta básica: ¿qué se le debe al elector? ¿Se le debe coherencia? ¿Se le debe permanencia en el proyecto por el que se votó? ¿Se le debe rendición de cuentas cuando un legislador decide romper con la fuerza política que lo llevó al cargo?
La respuesta debería ser obvia. En los hechos, pareciera que no. Pareciera que algunos creen que al ciudadano sólo hay que entusiasmarlo durante la campaña, usarlo en la jornada electoral y olvidarlo en cuanto inicia el reparto de posiciones.
Por eso el debate no es jurídico solamente; es ético y democrático. Que algo pueda argumentarse como “constitucional” no lo vuelve correcto frente al elector.
También el cinismo puede vestirse de legalidad. También la conveniencia puede redactarse en forma de decreto… También la traición puede publicarse en el Periódico Oficial.
Lo verdaderamente conveniente, sería ir en sentido contrario: si un legislador rompe con el partido que lo postuló, que conserve su curul como diputado sin partido, como hasta hace unos pocos días estaba la Ley, sin trasladar esa representación popular a una nueva bancada.
Porque lo que no puede hacer, es convertir el voto recibido bajo una identidad política, en mercancía de reubicación parlamentaria. El mandato representativo no debería ser un vale por otro grupo.
Marco Gama, desde su posición de diputado plurinominal, hoy pone sobre la mesa una reforma que huele menos a convicción democrática que a ensayo de supervivencia.
Y eso debería preocupar no sólo a los partidos, sino a cualquier ciudadano que todavía crea que su voto significa algo más que un trámite útil para que otros negocien.
Porque cuando la traición quiere dejar de ser vergüenza y aspira a ser norma, el problema ya no es sólo del diputado que la impulsa.
Hoy la ex panista Aranza Puente, podría estar muy agradecida con Marco Gama, pero habría que analizar su chapulineo, desde la perspectiva de la no retroactividad de la Ley. Ella debe seguir como diputada sin partido.
El problema es de una clase política que confunde representación con movilidad, congruencia con estorbo y ciudadanía con utilería.
Y luego se preguntan por qué la gente desconfía.
