¿Quién protege a la oficial mayor del congreso del estado, Dolores García Román?
Ignacio R. Acosta D.L. / 03 de septiembre de 2025
A pesar de los recursos humanos, materiales y financieros que tienen a su alcance, parecería que la desorganización, desconocimiento y desorden, además de la falta de transparencia, el posible nepotismo y la baja productividad legislativa y administrativa, ya se volvió costumbre de las y los diputados de la actual LXIV Legislatura, debido a su permisibilidad y abulia y, a pesar de que aún no cumplen ni un año de haber iniciado labores, cuando juraron y presumieron en donde pudieron: “cumplir y hacer cumplir la Ley, y si no, que el pueblo se los demandara”.
Entre muchas cosas que demuestran el desinterés y desconocimiento en los temas técnicos más básicos que no pueden solucionarse por “la experiencia política” que muchos en el poder legislativo presumen, sigue aún sin aclararse la contratación de familiares y amigos como asesores, achichincles, “guarros”, choferes, carga maletas, acompañantes, niñeras, mandaderos, auxiliares contables o lo que sea, con tal de tener un sueldo del legislativo y presumir que son “del equipo de tal o cual legislador o de cualquier alto, mediano o bajo político Gallardista”, de quienes en determinados casos sería posible decir que ya tuvieron la suerte de ser dados de alta como empleados, comprobándose este hecho dada la posibilidad de que algunos de esos afortunados ya registran su entrada y salida en el reloj checador de asistencia.
Al respecto, con la molestia de casi la totalidad de los empleados que tienen el legítimo derecho por capacidad y por antigüedad, mucho se ha hablado y poco se ha transparentado de los señalamientos de la contratación de algunas personas cercanas a la oficial mayor del congreso, Dolores García Román, quien dicen que se escuda en que el papá del gobernador, el ex alcalde y ahora diputado federal Ricardo Gallardo Juárez, es su principal promotor y protector.
Particularmente, no se sabe por qué, de acuerdo a diversas quejas, la señora “Lolita” García Román, y su eterno acompañante, Armando Díaz de León, quien no hace nada, pero decide casi todo lo que les conviene, asisten en horas de trabajo a todos los eventos posibles del gobernador, sobre todo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y uno que otro en el de la capital, sin tener ni oficio ni beneficio, ni nada que hacer ahí, ya que su puesto en el congreso del estado es de liderazgo y decisiones administrativas, de 24/7, con un sueldo nada despreciable, según el tabulador, de casi 82 mil pesos, con el descaro total de que ella misma, en su propias redes sociales, sube y comparte fotos, comiendo garnachas en la FENAPO, entregando mochilas y útiles escolares, cortando listones de inauguración, o lo que sea, procurando siempre salir en la foto, cerquita “del jefe”, aunque sea la que sale más atrás, la mayoría de las veces en horas de trabajo.
El cuestionamiento general es que no se sabe bien a bien con certeza quien protege a esta funcionaria y quien le otorga los permisos para faltar y/o ausentarse de sus funciones y responsabilidades como la principal funcionaria del Congreso del Estado después de las y los legisladores. García Román, con muy poca experiencia en la gestión o administración de los recursos públicos, la contabilidad o el control gubernamental, además de su nula tolerancia a la prensa, respaldada en este sentido por la totalidad de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias de los partidos políticos en el congreso, fue de las que, en los tres años como diputada local, obtuvo bajas calificaciones en la evaluación de “Congreso Calificado”, sin que nadie, quizás ni ella recuerde cuantas y cuales iniciativas o puntos de acuerdo presentó, o cuantos debates, ideas o posicionamientos defendió ya que contadas veces subió a tribuna a participar como proponente, defensora o crítica de algún tema o causa legislativa, pero no se olvidan las pifias y fallos en su lectura y dicción, cuando fungió como presidenta de la directiva del congreso del estado.
Pero además, sin tapujo alguno, la oficial mayor y su mencionado escudero, asisten no sólo a eventos del gobernador, sino a otro tipo de actividades de corte político partidista, dado que al parecer García Román es la responsable de la operación y el activismo territorial del PVEM en el fraccionamiento La Virgen y El Toro, entre otros, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en donde abandonando sus responsabilidades en horas laborales como funcionaria, se dedica a organizar y participar en jornadas de corte de cabello para que personas de esas demarcaciones “queden guapísimas”, según publicó la funcionaria.
También, se señala que en viajes a municipios del interior del estado con motivo de la celebración del “Congreso itinerante”, por cierto con resultados indefinidos y subjetivos, al hablar con los alcaldes, “Lolita” les hacía la atenta solicitud de colaborar, sin tener por qué hacerlo, con el montaje, alimentos y otros servicios para el evento, sin que se hayan transparentado lo que se gastó, además de que casi siempre llevaba como acompañante en esos y otros viajes a un familiar cercano, incluido mínimamente el pago de sus alimentos.
La última de las pifias de desorganización y desorden entre muchas otras bajo la responsabilidad de la oficial mayor, ocurrió apenas antier en el encendido de la iluminación del edificio del congreso por el mes patrio, en la que en el que se tuvieron que rentar luces a última hora, ya que la iluminación “escénica” preparada no funcionó, izaron una bandera más pequeña totalmente desproporcionada de acuerdo al asta del edificio que fue adquirida de improviso, y la irrupción que se tornó violenta por parte de un indigente durante el evento.
Por todo lo anterior y mucho más que queda en el tintero, empleados del congreso, diputados, proveedores, funcionarios del ejecutivo y ciudadanos se hacen las preguntas, que como muchas siguen sin respuesta, de: ¿Cómo es posible que alguien con los antecedentes de desempeño y eficiencia como el de la señora García Román haya sido premiada con un puesto de vital importancia para la vida pública?; ¿Por qué nadie le pone límites o un alto a su interés político – personal – partidista, y de hacer uso de su tiempo como funcionaria y posiblemente de recursos humanos, materiales y quizás financieros del poder legislativo? y, sobre todo, ¿Por qué no haya sido llamada a rendir cuentas de sus acciones y por su falta de resultados?
Con la “curva de aprendizaje” ya concluida, la ciudadanía espera que alguien en el Poder Legislativo ponga orden y haga que la oficial mayor desempeñe su trabajo con profesionalismo y responsabilidad, desquite su jugoso salario, o si no, que renuncie, por más que estuviera protegida.
