Dialéctica política potosina.
“Congreso Digital, Legislación Analógica”
Por: El ángel guardián / 18 de junio de 2025
En una extraña versión legislativa del viejo refrán “poner la carreta antes que los bueyes”, los 27 integrantes del Congreso del Estado de San Luis Potosí han decidido avanzar hacia la modernidad —o al menos, eso presumen— con una inversión millonaria para implementar un sistema de votación electrónica, pase de lista digital y otros mecanismos tecnológicos para las sesiones. Lo curioso, o más bien preocupante, es que lo hicieron sin actualizar previamente su marco normativo interno, lo que ha generado un desajuste técnico-jurídico que evidencia una vez más el desdén a la legalidad que ejerce el poder legislativo del estado.
Y es que no se trata simplemente de que se compró equipo de punta sin tener idea de cómo usarlo jurídicamente. Se trata de que se incurrió en un gasto millonario -de 1.4 millones de pesos según el presidente de la JUCOPO, sin que a la fecha el gasto haya sido transparentado- pero sobre todo sin haber reformado previamente el Reglamento Interior del Congreso, que es la norma que regula lo que los diputados pueden o no hacer dentro del recinto legislativo y como legisladores. Es como si alguien decidiera construir una casa iniciando por la compra de acabados de lujo, sin tener siquiera el proyecto arquitectónico y mucho menos puesto los cimientos.
El resultado está entre lo ridículo y lo preocupante: tenemos a diputados que se sientan en curules digitales, pero se legisla en la ilegalidad reglamentaria y con criterios del siglo pasado. Hoy día, no hay una base legal para que los diputados puedan hacer uso de la voz desde un botón en su pantalla, ni para que el pase de lista electrónico tenga validez formal, ni para que una votación hecha con un click tenga el mismo peso que una realizada levantando la mano o respondiendo de viva voz. Todo está en un limbo jurídico que puede ser impugnado en cualquier momento, incluso por los mismos legisladores inconformes con los resultados.
Pero la falta de previsión normativa no es lo único criticable. Hay incongruencias que rayan en lo absurdo. En la legislatura pasada, el Congreso obligó a los cabildos municipales a videograbar y publicar sus sesiones en línea, como parte de la política de transparencia y rendición de cuentas y se promovieron reformas para que el Poder Judicial transmitiera en vivo las sesiones de pleno y las audiencias relevantes. Sin embargo, el Congreso del Estado no hace lo mismo con sus comisiones, que funcionan con un nivel de opacidad preocupante. No hay transmisión en tiempo real y no hay grabaciones disponibles en la mayoría de los casos, y las actas se publican, si acaso, con semanas de retraso.
¿Dónde quedó entonces la lógica de la transparencia? ¿De qué sirve digitalizar si no se abre al escrutinio público la “nueva” dinámica del Congreso? O peor aún, ¿Por qué no se rinden cuentas del uso de los recursos? Porque, hasta ahora no hay claridad sobre los proveedores contratados, los criterios de selección, la capacitación impartida a diputados o personal técnico. Lo que sobra son fotografías en redes sociales, en las que los legisladores sonríen satisfechos frente a sus pantallas nuevas, como si el hecho de modernizar el mobiliario fuese sinónimo de eficiencia legislativa.
Además, vale la pena subrayar que el sistema legislativo no se fortalece con gadgets, sino con normas claras y procesos sólidos. No hay reforma tecnológica que sustituya la técnica legislativa. Si el Congreso no reforma su Reglamento para prever el uso de sistemas electrónicos en los procesos de uso de la voz, deliberación, votación, y registro de asistencia, todo el sistema puede caer en vicios de ilegalidad que nulifiquen acuerdos o dictámenes. Es decir, lo que hoy se vota electrónicamente puede ser impugnado mañana por un simple formalismo no subsanado.
Y es aquí donde debe sonar la alerta. No es solo un tema administrativo o contable. Es un tema de gobernabilidad y certeza jurídica. El Congreso es el órgano donde se definen las reglas del juego democrático del estado. Si ellos mismos violan o ignoran su reglamento, ¿con qué cara pueden exigirle al ciudadano común que respete la ley?
Es cierto que los tiempos exigen modernización y que la tecnología puede facilitar el trabajo parlamentario. Pero modernizar sin legislar es como ponerle un motor nuevo a un carro sin ruedas: no lleva a ninguna parte. Y San Luis Potosí necesita un Congreso que avance en sincronía con las exigencias del presente, no uno que haga inversiones de escaparate mientras olvida lo más esencial: la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
A los diputados les urge los reflectores de una pantalla touch, pero se les olvida que el control social se ejerce con base en normas, no en gadgets. Por el bien del Poder Legislativo —y de los ciudadanos—, ojalá lo recuerden antes de que su “Congreso Digital” colapse por un reglamento analógico. Y falta aún analizar el costo y otras violaciones al procedimiento como efecto de la digitalización. En fin… es lo que hay.
