Investigación especial.
Electos, pero no elegibles: la nueva farsa judicial en San Luis Potosí.
Por: El ángel guardián / 14 de julio de 2025
En San Luis Potosí, donde las formas suelen disfrazar las ausencias de fondo, el acceso al Poder Judicial se ha convertido en una tragicomedia institucional. La reciente elección de cuatro personas como magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado —que no cumplen el requisito mínimo de haber obtenido un promedio de ocho en la licenciatura en derecho— revela no solo un grave descuido administrativo, sino una corrosiva indiferencia hacia la legalidad y la ética pública.
Según lo documentado y confirmado con diversas fuentes, los ahora magistrados electos Arturo Morales Silva, José Luis Ruiz Contreras, Ángel Gonzalo Santiago Hernández y Mónica Kemp Zamudio, tienen promedios que oscilan entre 7.58 y 7.91.
Aunque parezca insignificante a simple vista, este detalle los vuelve formal y objetivamente inelegibles, al incumplir un requisito expreso establecido en la convocatoria pública aprobada por el propio Consejo de la Judicatura. No se trata, pues, de una interpretación abierta, sino de una norma autoimpuesta por el propio poder judicial estatal, convertida ahora en papel mojado.
El requisito no era decorativo.
Es indispensable recordar que el promedio mínimo de 8 en la licenciatura es uno de los requisitos fundamentales para garantizar un perfil idóneo en la magistratura. Es una línea de base mínima que no mide excelencia, pero sí cierto estándar de rendimiento académico que, en teoría, debería ser congruente con la alta responsabilidad jurisdiccional.
¿Acaso se puede defender que, quienes no lograron mantener un 8 en su formación universitaria sí están preparados para resolver conflictos constitucionales, aplicar jurisprudencia, interpretar normas, ponderar
derechos fundamentales y tomar decisiones que afectan la vida de personas, empresas y el propio gobierno?
Quienes se atreven a minimizar esta irregularidad, bajo el argumento de que “el promedio no lo es todo” o “la experiencia pesa más”, olvidan dos cosas: primero, que la norma está para cumplirse, no para relativizarse según conveniencias o trayectorias políticas; y segundo, que permitir excepciones bajo criterios subjetivos rompe el principio de certeza y abre la puerta a una justicia simulada, sin méritos, sin legitimidad, sin profesionalismo.
¿Y los filtros institucionales?
Lo más grave de este episodio no es que algunos aspirantes hayan intentado colarse sin cumplir los requisitos —al fin y al cabo, cada quien sabrá si quiere medirse sin cumplir las reglas—, sino que los órganos encargados de evaluar y validar los perfiles lo permitieron sin reparo alguno. Los comités de evaluación, integrados por funcionarios judiciales y académicos, omitieron revisar un criterio elemental, o peor aún, lo conocían y lo ignoraron deliberadamente.
El Consejo de la Judicatura, responsable de aprobar la convocatoria y vigilar su cumplimiento, simplemente hizo mutis. Tampoco hay registro de que el Congreso del Estado, quien votó la designación, haya solicitado los expedientes para verificar el cumplimiento de requisitos legales. Todos vieron, todos callaron y todos votaron. La transparencia brilló por su ausencia.
Este silencio institucional es una forma de complicidad. No hay otra palabra. Las reglas fueron burladas ante la vista de todos, y ni una sola voz oficial se ha alzado para detener esta simulación. ¿Hasta dónde ha llegado la indiferencia que ni el mínimo decoro institucional los mueve?
El precedente nacional.
Lo más irónico es que este no es un hecho aislado. A nivel nacional, el Consejo de la Judicatura Federal ha anulado por lo menos 45 nombramientos de magistrados y magistradas por incumplir exactamente este mismo requisito del promedio. De hecho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió recientemente la cancelación de una magistratura por este motivo, al considerar que la omisión en el cumplimiento del requisito académico invalida el nombramiento, independientemente de su elección o nombramiento político.
En el caso potosino, incluso un nombramiento federal en un tribunal colegiado ya fue anulado por la misma causa. ¿Cómo explicar que en San Luis Potosí se reincida en el error, como si no existieran precedentes, advertencias o conciencia institucional?
Este caso podría terminar en tribunales, y lo más probable es que así sea. Si alguna persona interesada en impugnar el proceso lo lleva al Tribunal Electoral o a la Suprema Corte, los magistrados electos podrían ser removidos antes siquiera de asumir funciones. Otra vez, un proceso nulo de origen. Y otra vez, el costo será para la credibilidad del Poder Judicial, no para quienes cometieron la omisión.
La simulación institucional.
El episodio es una muestra más del deterioro institucional que afecta a las estructuras del Estado. En lugar de asegurar procesos rigurosos, con perfiles sólidos y verificables, las designaciones judiciales se han convertido en cuotas políticas, pagos de favores o intercambios de poder. El derecho, la legalidad y la idoneidad son simples accesorios, no pilares reales.
Peor aún, el mensaje a la ciudadanía es devastador: no importa si cumples con las
reglas, lo que importa es a quién conoces o a quién sirves. En un contexto donde la desconfianza en las instituciones es alta, el desprecio a las normas básicas solo abona a la desesperanza y a la percepción de impunidad.
¿Cómo confiar en que estos magistrados van a hacer valer la Constitución si ni siquiera ellos respetaron la convocatoria que les dio el cargo?
¿Y ahora qué?
La solución es sencilla en teoría, pero compleja en voluntad política. Deben anularse estos nombramientos por contravenir una disposición expresa. Y deben deslindarse responsabilidades por la omisión de los comités evaluadores y del propio Consejo de la Judicatura. Además, urge reformar el procedimiento de selección para que haya una revisión automatizada y verificable de los requisitos, acompañada de observadores ciudadanos o de organismos independientes.
Porque si no hay consecuencias, el mensaje será el peor de todos: que violar la ley sale gratis, incluso si se trata del sistema de justicia.
Un llamado final.
San Luis Potosí merece un Poder Judicial fuerte, creíble, imparcial y profesional. Pero mientras sus magistrados sean designados bajo criterios opacos y con trampas visibles, el acceso a la justicia será una ilusión.
Este caso debe ser un parteaguas. Ya no se trata solo de promedio; se trata de la dignidad de las instituciones, de la seriedad del Estado de Derecho, y del respeto a la ley. No podemos permitir que el cinismo institucional siga reemplazando a la ética pública.
O corregimos el rumbo, o el descrédito del sistema de justicia será definitivo y la esperanza de que mejore, vana.
