“Justicia para los que hicieron justicia… algún día”
Por: El ángel guardián / 11 de agosto de 2025
En el Poder Judicial de San Luis Potosí, hay duda de que las leyes se cumplen… excepto cuando se trata de pagarle a quienes las hicieron cumplir durante décadas. Y es que, a un mes y una semana de estrenarse el nuevo “renovado y reluciente” Poder Judicial, el viejo lastre administrativo sigue tan vigente como el expediente de un caso que nadie quiere resolver: los bonos y aumentos prometidos a los trabajadores jubilados.
Como cualquier guion de tragicomedia potosina, esta historia tiene sus protagonistas bien definidos. De un lado, un grupo de mujeres y hombres que dedicaron su vida a impartir justicia —sí, esos que durante años fueron la cara seria y el sello de goma de un tribunal que presumía orden y legalidad—. Del otro, un presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Arturo Morales Silva, cuya mayor virtud parece ser la de posponer problemas, como quien deja el vaso de leche caducada en el refrigerador confiando en que “ya alguien más lo tirará”.
Los jubilados, encabezados por la abogada Ana Luisa Morales Lara, decidieron tomar la presidencia del tribunal, no para pedir favores ni limosnas, sino para exigir que se cumpla con lo prometido: bonos, aumentos y lo que en cualquier manual básico de derechos laborales se llama cumplir la ley. Pero claro, en el mundo paralelo del Poder Judicial, las reglas aplican solo para los que no usan toga.
Morales Silva, por su parte, parece estar muy ocupado afinando el arte de la omisión. No vaya a ser que le dé por atender a los jubilados y se le desacomode la agenda de múltiples compromisos irrelevantes y hacerle de comparsa inútil, justificando que es porque representa al Poder Judicial del Estado. Porque, vamos, ¿qué importancia puede tener que quienes dedicaron décadas a sostener la estructura judicial ahora estén esperando migajas, mientras él se alista para entregar la silla presidencial a Lourdes Zarazúa Martínez en septiembre?
Lo que piden no es ciencia cuántica: el pago inmediato del 2.1% autorizado desde 2024 al personal activo, que automáticamente debe reflejarse también para los jubilados, tal y como lo establece el tabulador oficial publicado en el Periódico Oficial. Pero no. Aquí se aplica el novedoso “principio jurídico del sí, pero no”; donde el incremento existe… pero solo en papel, ese mismo papel que probablemente reposa bajo una pila de documentos que nadie piensa mover.
El director de pensiones, Luis Arturo Coronado Puente, ya hizo lo que le tocaba: solicitar formalmente el ajuste. Pero mientras los empleados activos no vean el incremento reflejado en su nómina —y las aportaciones para pensiones no se regularicen con retroactividad—, los jubilados seguirán recibiendo menos de lo que corresponde. Eso sí, la burocracia potosina siempre encuentra maneras creativas de explicar lo inexplicable: “No es que no queramos pagarles, es que estamos… procesándolo”.
En este sainete administrativo, lo más grave no es sólo la falta de pago, sino la falta de educación y de disposición al diálogo. Ana Luisa Morales Lara lo dijo claro: el presidente del Poder Judicial no solo ignora la problemática, sino que además se esconde de los propios afectados. Al parecer, la estrategia institucional es la misma que se usa con las demandas incómodas: dejarlas dormir el sueño de los justos hasta que prescriban o se vuelvan irrelevantes.
Y aquí viene lo mejor: los jubilados han advertido que tomarán “medidas más severas y directas” si el presidente no resuelve el problema antes de irse. Porque claro, si algo caracteriza a la política administrativa local, es la vieja costumbre de heredar problemas como quien hereda un florero roto: “Ya verás cómo lo arreglas, Lourdes”.
Si uno fuera malpensado —y créanme, no hace falta mucho—, diría que esta omisión es casi estratégica. Total, ¿qué puede pasar? Los jubilados protestan, los medios publican una nota, la ciudadanía bosteza, y en septiembre, cuando la nueva presidenta tome posesión, todo se reinicia desde cero: nuevos oficios, nuevas promesas, nuevas excusas. El eterno ciclo del “ahorita lo vemos”.
Mientras tanto, la ironía flota en el aire: el Poder Judicial, ese que exige puntualidad en los plazos procesales, que sanciona la mora en el cumplimiento de obligaciones, que dicta sentencias contra patrones que no pagan lo que deben… se comporta como el peor deudor moroso. Y lo hace con un descaro digno de estudio.
Al final, quizá los jubilados tengan que aplicar la lógica judicial que ellos mismos usaron durante años: presentar una demanda, ganar el juicio, esperar la apelación, ir al amparo… y cruzar los dedos para que la sentencia final llegue antes que la pensión de viudez.
Pero tranquilos, que todavía hay esperanza: siempre queda la opción de que Arturo Morales Silva, en un arranque de responsabilidad postrera, decida resolver el problema antes de despedirse. Aunque si nos guiamos por su historial, es más probable que la nueva presidenta reciba, junto con las llaves de su oficina, una carpeta con el título: “Asunto pendiente: Jubilados. Suerte”.
Porque en San Luis Potosí, la justicia puede ser ciega, pero con los jubilados… también es sorda y, sobre todo, lenta. Muy lenta.
