Castigar incendios, no apaga el problema…
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ / 19 de marzo de 2026
El endurecimiento de penas por incendios forestales en San Luis Potosí —hasta 15 años de prisión— suena, en el papel como una respuesta firme, pero en la práctica revela una constante en la política pública local: reaccionar con castigos ante problemas que, desde hace años, no se han querido prevenir de raíz.
Porque si el 96 por ciento de los incendios tiene origen humano, la pregunta incómoda no es a quién castigar, sino qué dejó de hacerse para evitar que ocurrieran.
El Gobierno del Estado ha optado por la vía punitiva mientras la prevención sigue siendo el eslabón más débil. Y ahí, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) queda en el centro del debate.
¿Dónde están las campañas permanentes de concientización? ¿Qué pasó con los programas comunitarios para inhibir quemas fuera de control? ¿Existe realmente un monitoreo efectivo en zonas de riesgo o solo presencia cuando el incendio ya es incontrolable?
Porque no es nuevo. Las quemas agrícolas en la Huasteca, especialmente durante la zafra, llevan años siendo señaladas como detonantes de incendios. No es un fenómeno inesperado ni extraordinario. Es cíclico y, aun así, no se ha logrado establecer una regulación eficaz ni mucho menos alternativas reales para los productores. Se advierte, se señala, pero no se transforma.
El problema de fondo es más profundo; la política ambiental en el estado ha sido, en gran medida, reactiva. Se movilizan miles de brigadistas cuando el fuego ya consume hectáreas, pero se invierte poco en evitar que ese fuego inicie.
La prevención no genera titulares, pero sí resultados. Y esos, hasta ahora, son limitados.
A esto se suma un factor que no admite omisiones: el cambio climático. Las condiciones de sequía, las altas temperaturas y los vientos más intensos no hacen sino agravar el escenario.
En ese contexto, insistir únicamente en sanciones resulta insuficiente, incluso ingenuo. Porque el entorno es cada vez más propicio para incendios, pero la estrategia sigue siendo prácticamente la misma.
Más aún, cuando la autoridad reconoce que la mayoría de los siniestros son provocados por personas, el enfoque debería ir dirigido a modificar conductas, no solo a castigarlas después.
La educación ambiental, la regulación efectiva y la supervisión constante siguen siendo tareas pendientes. No basta con detener a unos cuantos para enviar un mensaje; se requiere cambiar una cultura que, hasta ahora, sigue normalizando prácticas de riesgo.
¿Se puede revertir esta situación? Sí, pero no bajo la lógica actual. Apostar únicamente al castigo es atender las consecuencias, no las causas.
San Luis Potosí necesita una política ambiental más integral, donde la SEGAM deje de ser un actor de reacción y se convierta en una institución de prevención, planeación y vigilancia real.
Porque al final, los incendios no solo arrasan con la vegetación. También exhiben las omisiones. Y en este caso, son muchas más las preguntas que las respuestas.
