Gobierno amable: Salud en crisis, ciudad en remate…
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ / 26 de febrero de 2026
En San Luis Potosí, el problema ya no es solo lo que el gobierno municipal hace, sino lo que deliberadamente decide no explicar.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos volvió a exhibir una práctica cada vez más recurrente: guardar silencio frente a los temas incómodos, aun cuando estos afectan de manera directa a trabajadores del propio Ayuntamiento y generan fracturas visibles dentro del Cabildo.
El nuevo esquema de servicio médico para empleados municipales no es un asunto menor ni administrativo. Se trata de un derecho laboral básico que hoy está bajo cuestionamiento por presuntas deficiencias, retrasos en la atención, falta de información y riesgos reales para personas con padecimientos crónico-degenerativos.
Frente a este escenario, la reacción del alcalde fue eludir preguntas, caminar sin detenerse ante los medios de comunicación y limitar su discurso a lo aprobado en la sesión de Cabildo, como si la inconformidad social pudiera quedar fuera del orden del día.
La evasiva resulta todavía más grave cuando desde el propio cuerpo edilicio se reconoce que el cambio en el servicio médico se implementó sin informar previamente al Cabildo y sin presentar estudios técnicos, presupuestales o jurídicos que lo respaldaran.
No es una crítica de la oposición ni una consigna sindical: es una advertencia interna que pone en duda la forma en que se están tomando decisiones sensibles dentro del gobierno municipal.
Mientras el tema de la salud laboral se esquiva, la administración sí avanza con paso firme en otros frentes. La desincorporación y futura subasta de 18 inmuebles municipales en zonas de alta plusvalía fue defendida por el alcalde como un mecanismo para financiar obra pública.
Sin embargo, la explicación se queda corta frente al fondo del asunto: vender patrimonio estratégico para obtener recursos inmediatos, aun cuando el municipio opera con un presupuesto anual que rebasa los tres mil millones de pesos.
Los predios en Villa Magna Norte, Lomas cuarta sección, Privadas del Pedregal, Puerta de Piedra y otros corredores de crecimiento no son activos cualquiera. Son reservas territoriales con valor urbano, capacidad de planeación y potencial para equipamiento público.
Desprenderse de ellos implica una decisión irreversible que condiciona el futuro de la ciudad, mucho después de que el dinero recaudado haya sido ejercido.
Aquí es donde la narrativa oficial comienza a desmoronarse. Si existe suficiencia presupuestal, ¿por qué recurrir a la venta de terrenos en las zonas más exclusivas? ¿Por qué no transparentar a detalle el destino de los recursos y las alternativas financieras disponibles? ¿Por qué no abrir el debate público sobre el uso del patrimonio municipal antes de ponerlo en subasta?
El contraste es contundente: ante la inconformidad de los trabajadores y los cuestionamientos del Cabildo, hay silencio; ante la posibilidad de convertir bienes públicos en liquidez, hay prisa.
Gobernar no es solo administrar recursos, también es rendir cuentas y asumir costos políticos.
Cuando un alcalde decide avanzar sin explicar y vender sin convencer, lo que queda no es eficiencia, sino la percepción de un gobierno que prioriza el corto plazo y deja en el aire preguntas que tarde o temprano regresarán, con mayor peso, a cobrar factura a la ciudad y a sus habitantes.
