Millones para los partidos,
y pocas certezas para la democracia potosina.
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ / 15 de enero de 2026
El reparto del financiamiento público a los partidos políticos activos en San Luis Potosí para 2026 ya quedó definido y, como suele ocurrir, los números dicen más de lo que aparentan.
De los más de 174 millones de pesos autorizados por el CEEPAC, casi la mitad —47.5 por ciento— se concentrará en dos fuerzas: el Partido Verde Ecologista de México, que gobierna la entidad, y MORENA, partido en el poder a nivel federal. Una fotografía que refleja con claridad la correlación política local, pero que también abre espacio para la reflexión.
El argumento legal es conocido y reiterado: El financiamiento se distribuye conforme a la votación obtenida en procesos anteriores.
Sin embargo, la pregunta inevitable es, si esta fórmula no termina por reforzar un círculo difícil de romper en el escenario potosino. Más recursos implican mayor estructura, mayor presencia y, en consecuencia, mayores posibilidades de conservar el poder.
¿Hasta qué punto el modelo de financiamiento garantiza equidad real entre las fuerzas políticas que compiten en San Luis Potosí?
Llama la atención que, solo en gasto ordinario, se destinen más de 165 millones de pesos, mientras que las actividades específicas: —formación
política, capacitación y tareas sustantivas— reciben una porción considerablemente menor.
En un contexto de desencanto ciudadano con los partidos políticos, el cuestionamiento es válido: ¿el dinero público fortalece la vida democrática local o solo mantiene operando a los aparatos partidistas?
El financiamiento privado tampoco queda fuera del debate. Los topes aprobados permiten aportaciones millonarias de militantes y simpatizantes, especialmente de cara a procesos como la elección de la gubernatura.
Aunque los límites están claros en el papel, la vigilancia efectiva y la transparencia siguen siendo el verdadero reto. ¿Quién aporta, cuánto y con qué intereses detrás?
Al final, el acuerdo del CEEPAC cumple con la legalidad, pero no necesariamente con las expectativas ciudadanas.
En tiempos donde se exige austeridad, resultados y cercanía con la gente, el financiamiento a los partidos políticos activos en San Luis Potosí vuelve a colocarse bajo el escrutinio público.
Más que cuánto reciben, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿En qué y para qué se gasta el dinero de la política?
