• 21 marzo, 2026 17:00

Entre votos, silencios y una herida que sigue abierta

en la Facultad de Derecho.

Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ / 8 de enero de 2026

La designación de la maestra Georgina González Cázares como nueva directora de la Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga” de la UASLP cierra, en lo formal, un proceso institucional apegado a la normatividad universitaria.

No obstante, el relevo no puede leerse como un trámite ordinario. Ocurre tras meses de tensión, retrasos y cuestionamientos internos derivados del hecho más grave que ha sacudido a esa comunidad académica en su historia reciente: la agresión sexual denunciada en octubre de 2024 al interior de la Facultad.

Aquel acontecimiento, en el que una estudiante fue abusada sexualmente dentro de las instalaciones de la Facultad por alumnos, detonó una crisis profunda. No solo evidenció fallas en la seguridad y protocolos, sino una preocupante incapacidad institucional para reaccionar con la prontitud y la responsabilidad que el caso exigía.

Desde entonces, la Facultad de Derecho dejó de ser solo un espacio académico para convertirse en el símbolo de una herida abierta.

En medio de ese clima de inconformidad y desgaste se prolongó el proceso para definir a quien encabezaría la nueva etapa. La votación del Consejo Directivo Universitario, con 26 votos a favor de González Cázares frente a 21 de Javier Delgado Sam y cinco votos nulos, reflejó una comunidad dividida, cansada y aún desconfiada.

No fue una decisión tersa ni exenta de lecturas políticas; fue el resultado de un contexto marcado por el descrédito y la urgencia de recomponer el rumbo.

Dentro de ese caos institucional, el nombramiento tiene un componente histórico ineludible: por primera vez desde su fundación, la Facultad de Derecho de la UASLP será dirigida por una mujer. El dato no es menor ni simbólico. Llega precisamente después de un episodio de violencia de género que cimbró a estudiantes, docentes y egresados, y que puso en entredicho la sensibilidad de las autoridades frente a las demandas de justicia y protección.

La responsabilidad que asume González Cázares va más allá de la administración académica. El reto es mayúsculo: enmendar la fractura que dejó el caso, reconstruir la confianza y demostrar que el cambio no se limita a una transición de nombres, sino a una transformación real en la manera de gobernar la Facultad. La expectativa es clara: que la primera mujer al frente del plantel sea también quien impulse una revisión profunda de prácticas, omisiones y silencios que permitieron que el agravio ocurriera.

La Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga”, forma profesionales del derecho llamados a defender la legalidad y los derechos humanos. Hoy, su mayor desafío es aplicar esos principios en casa. El proceso de elección terminó, pero la exigencia permanece. La historia ya marcó el hito; ahora toca ver si la nueva dirección será capaz de sanar la herida, asumir responsabilidades y devolverle a la Facultad algo que perdió en octubre de 2024: autoridad moral.