Ambigüedades e incongruencias: Para el rector de la UASLP un título es secundario.
Ignacio R. Acosta D.L. / 31 de marzo de 2025
- Imagine que al ir con el director de una clínica debido a una necesidad médica de suma importancia para su familia, usted le solicita que le atienda uno de los mejores especialistas de la institución ya que usted quiere tener la tranquilidad y dejar a un lado la preocupación de lo que le pudieran diagnosticar y el responsable del lugar le comenta que no es necesario que lo vea un especialista, que con que lo vea un médico general es suficiente, porque a fin y al cabo, ese profesionista que el director recomienda ya estudió lo suficiente para atenderle, sin importar lo especializado que sea el tema de salud que se trate. Al escuchar ese planteamiento, seguramente usted saldría inmediatamente de ese lugar, sin recomendarle a nadie que acuda a ese sitio y dando malas referencias al mismo tiempo del mismo lugar.
- Este supuesto mencionado viene a razón de las declaraciones realizadas por el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño, médico cirujano de profesión desde hace 45 años, especialista en oftalmología con subespecialidad en retina médico quirúrgica, quién en los temas políticos, administrativos y de gestión universitaria, parecería que necesita de forma urgente a su mejor colega de su especialidad a fin de mejorar y ampliar su visión de la realidad que acontece en nuestra máxima casa de estudios.
- En el ojo del huracán por diversos señalamientos y una denuncia ante la FGR por presunta usurpación de funciones contra la abogada general de la UASLP, Urenda Navarro Sánchez por ostentar uno o dos grados académicos que no ha concluido y que además tiene pendiente la justificación y razones públicas por las cuales el anterior abogado general de mala memoria y peor actuación jurídica y administrativa Joel González de Anda, negoció y al final con la mayoría del consejo directivo de la UASLP y la venía del rector se firmó el contrato al parecer leonino por la renta de un terreno de 46 mil metros cuadrados a una empresa privada, con desventajas económicas y de uso para la institución.
- Hasta el momento, múltiples voces dentro y fuera de la universidad han manifestado que ya que no es suficiente echarle la culpa al ex abogado general; que si es responsable de malas actuaciones se le investigue y se le castigue si es el caso, pero que no es posible seguir sin dar razones concretas y convincentes de las razones por las cuales la UASLP firmó el contrato.
- Por otro lado, la también ex defensora de los derechos humanos universitarios, quien en su desempeño como tal se reportaba un sueldo mensual de más de casi 92 mil pesos, cuando fue la “ombudsperson” de la institución no se percibió, de acuerdo a los resultados y a la opinión actual de la mayoría de las mujeres universitarias, que se planteara o concretara ni de fondo ni de forma un cambio o mejora respecto a las múltiples denuncias por abuso, acoso y violencia contra alumnas, empleadas y académicas de la UASLP y mucho menos se conoció si hubo castigo a quienes pudieron haber resultado culpables en las investigaciones realizadas, si las hubo.
- Por si no fuera suficiente, la abogada general, quien ahora en ese puesto tendría un sueldo de casi 140 mil pesos, también tiene en puerta un gran pendiente y responsabilidad en estos días de resolver técnica y jurídicamente si el contrato de la renta del terreno será rescindido o continuará en el fondo, plazos y cantidades establecidas hasta el principio.
- Pero como si fuera un tema menor, en días pasados el rector señaló que los títulos profesionales son un asunto secundario, señalando que la abogada general cursó completo la licenciatura como abogada y también cuenta con una maestría, de la cual no hay registro en el registro nacional de profesiones de la SEP, reiterando el Doctor Zermeño que mientras se esté capacitado para hacer el trabajo que se está desempeñando, es suficiente.
- Quizás en parte el rector pudiera tener razón, pero entonces ¿Qué hay del esfuerzo de miles de personas que día a día estudian una especialidad, maestría o doctorado para mejorar su condición laboral y siempre se le solicita que tengan su título y cédula profesional de los estudios que realizaron?; ¿Qué hay respecto a los profesores investigadores de la UASLP que para pertenecer al sistema nacional de investigadores o para mejorar en el escalafón de la institución son obligados a presentar los títulos y cédulas profesionales de sus estudios de posgrado que comprueban su esfuerzo y disciplina y que con ello demuestran que haber concluido los estudios es señal de su conocimiento y expertis sobre todo en los de doctorado?
- Lo que hasta el momento se tiene comprobado mediáticamente y en diversas búsquedas de múltiples páginas de internet, sobre todo de la UASLP respecto al tema de la denuncia interpuesta, es que la abogada general sí se ha ostentado con el grado académico de “doctora”, desde hace ya muchos años particularmente desde que fue nombrada funcionaria de primer nivel. ¿Dónde está la congruencia que tanto se predica?
- En lo que el rector se equivoca es al señalar que lo que se dice de la abogada general es un ataque a su condición de mujer. No lo es ni debería verlo así. Lo que se publica al respecto es la relatoría de un hecho real que no se ha aclarado, ya que la señora ha firmado oficios, se le ha presentado en eventos y publicaciones de la UASLP y ha asesorado tesis como “doctora”. Además, el rector debería saber, investigar y tomar acciones de que éste no es el único caso entre sus funcionarios de ostentar grados que no se tienen.
