Ineficiencias y partidización de la elección a jueces y magistrados.
(Primera parte)
Ignacio R. Acosta DL / 27 de mayo de 2025
- “Nació muerta y terminó peor”. Lo anterior sin duda alguna pudiera ser el epitafio de la reforma y de las elecciones al poder judicial federal y estatal, la que con la argumentación de la urgente y prioritaria necesidad de mejorarla, se convirtió en un obstinado capricho del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la tomó como bandera después de sufrir diversas derrotas de algunas de sus reformas más emblemáticas a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empeñándose a como diera lugar que se aprobaran con la mayoría del congreso de la unión a su favor, las reformas legislativas que contemplan la obligación de elegir a jueces y magistrados, aún y en contra de la opinión de diversas y expertas voces públicas, privadas, nacionales e internacionales que preveían escenarios poco agradables al realizar esta acción.
- En cualquier sociedad democrática avanzada con altos índices de civilidad y gobernabilidad, la justicia conlleva dos elementos fundamentales que la hacen eficaz, productiva, expedita, transparente y honesta: la procuración y la administración de justicia. De manera general, se considera la procuración de justicia como la parte de investigar y perseguir los delitos denunciados y a los presuntos delincuentes que los cometen y, por otro lado, la administración de justicia que, a partir del debido proceso y la presunción de inocencia, trabaja en valorar las pruebas de los delitos e impartir sentencia, castigando de acuerdo a la ley a quienes se demuestre su culpabilidad en un acto delictivo de cualquier tipo.
- Pero la reforma al sistema de justicia nació con muchas deficiencias sistémicas, ya que no consideró una reforma mínima a la procuración de justicia, enfocándose únicamente en la administración de justicia, que aún y con todas las deficiencias, tráfico de influencias e intereses, abulia, burocracia y opacidad, contaba por lo menos con un sistema civil de carrera, muchas veces señalado, pero que de alguna manera exigía la actualización y profesionalización constante de quienes aspiraban tener un puesto en esa estructura.
- Ya con la reforma aprobada, se inició una serie de hechos que han impedido considerar bien a bien la imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y equidad en la contienda anunciada para el 1º de junio, en donde particularmente en nuestro estado se elegirán a 18 magistrados, entre ellos a 3 de nuevo tribunal de disciplina judicial y a 69 jueces de diversas materias, en los 13 distritos judiciales del estado.
- En todo este proceso y sin lugar a dudas, se han presentado cada vez más diversas variables que apuntan hacia la partidización de la elección, con fines probablemente de que los próximos jueces y magistrados, es decir, quienes tendrán en sus manos la administración de la justicia penal, civil, familiar, laboral, mercantil, etc., lleguen a esas posiciones no debido a su perfil académico, laboral, profesional o ético o deontológico y por el convencimiento a la sociedad de sus propuestas, sino debido a compromisos quizá acordados particularmente con los tres principales partidos políticos de la entidad, el PVEM, MORENA y el PAN, sin dejar a un lado la intención en menor escala del PRI, el PT y MC.
- De inicio, un escenario altamente probable que se manejó desde que se aprobó la reforma y se puso en marcha la organización de la elección del poder judicial, fue el de la posible alianza particularmente entre el Partido Verde y MORENA y de forma más indirecta con el PAN, para la selección de las y los candidatos, de lo cual no quedó ninguna duda al respecto al conocerse diversas reuniones entre representantes de esos partidos, así como de algunos de sus funcionarios de la administración pública federal, estatal y municipal, en las que se negociaban diversos nombres para ser elegidos como candidatos, y sobre todo al verificar la publicación de las listas de los aspirantes elegidos por los comités de selección e idoneidad de los tres poderes de gobierno en el estado, las cuales incluían a familiares, empleados, amigos, parejas y a personas con compromisos o acuerdos políticos con los representantes de los intereses de los partidos en cuestión.
- Con ese nivel de desaseo, lo que muchos analistas y expertos en el tema suponían de lo que seguiría después de lo anterior, es que las presuntas alianzas previas se mantuvieran para apoyar directa e indirectamente en la campaña a las y los candidatos que previamente sabían que eran los que tenían que ser electos en la elección, pero en un punto del proceso, esos acuerdos se rompieron debido a la incompatibilidad de intereses y a que algunos de los interlocutores nombrados por las partes no cumplieron a cabalidad su cometido, generando fobias y suspicacias de lo que se estaba acordando, al grado de que se decidió que por lo menos el PVEM y MORENA no irían juntos en esa estrategia, pero permitiendo que una fracción del PAN viera la posibilidad de aliarse con una de esas partes.
- Lo más preocupante es que en los últimos días se ha visto la estrategia y en campo el movimiento de “operadores electorales” y de funcionarios públicos y de los partidos políticos que durante las elecciones constitucionales se dedican a organizar en la mesa y en la tierra la movilización de grupos de votantes a las casillas, sobre todo en comunidades alejadas, generando a su alrededor una serie de estructuras, acciones e intereses para cumplir con las metas, aprovechando la baja participación que se prevé .
- Desafortunadamente, esa será y así será la administración de justicia que tendremos a partir del mes de septiembre ya que los jueces y magistrados electos “por el voto del pueblo”, serán intocables, inamovibles y casi casi, infalibles.
- Descanse en paz el profesionalismo, la eficiencia, la honestidad y la imparcialidad de la justicia.
