Feminicidios: Una agenda que se pierde entre pleitos políticos.
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ 12 de noviembre de 2026
Mientras San Luis Potosí se convierte en escenario de confrontaciones públicas entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, hay problemas que siguen esperando atención y que poco espacio ocupan en sus discursos.
Uno de ellos es la violencia contra las mujeres. De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de este año, se contabilizaron 7 feminicidios en la entidad, la misma cantidad registrada durante los 12 meses de 2025. Todavía falta conocer el balance del último trimestre, pero la cifra tendría que ser suficiente para tener el tema entre las prioridades de ambos gobiernos.
Resulta preocupante que buena parte de la discusión pública entre ambos mandatarios se concentre en responder quién hizo más, quién construyó mejor o quién debe explicar sus obras. Ahí están las comparaciones entre el puente de Jacobo Payán, impulsado por el Ayuntamiento, y el de la salida a Guadalajara, realizado por el Gobierno estatal, además de los señalamientos sobre la transparencia de los proyectos. La rendición de cuentas no tendría que convertirse en una disputa de declaraciones: es una obligación de cualquier autoridad y debe demostrarse con información pública, no utilizarse como argumento para descalificar al otro.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando problemas que no desaparecen porque los dos gobiernos mantengan diferencias políticas. Los feminicidios son uno de ellos, pero también lo es la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, mejorar la atención a las víctimas y garantizar que las instituciones actúen antes de que la violencia termine en una muerte. Gabriela Silva Olivares, representante de Organización para Chicas A.C., ha advertido que combatir este delito no puede reducirse a castigar a los responsables. Hace falta intervenir desde los hogares, las escuelas y las instituciones, incorporar educación sexual integral y recuperar el sentido preventivo de la Alerta de Violencia de Género.
Precisamente, preocupa que se haya retirado recientemente esta medida en municipios potosinos, mientras persisten indicadores que obligan a mantener la atención sobre la violencia contra las mujeres.
La pregunta no debería ser qué administración obtiene mayor reconocimiento político, sino qué resultados concretos existen para proteger a las mujeres y evitar que las agresiones escalen.
Corresponde a la Fiscalía de Justicia fortalecer sus capacidades de investigación, con grupos especializados que revisen las muertes violentas de mujeres y eviten que una clasificación inadecuada deje fuera casos que deban investigarse como feminicidios.
Pero hay algo todavía más delicado: las cifras oficiales no pueden convertirse en el único parámetro para medir la respuesta institucional. Detrás de cada carpeta hay una mujer cuya vida fue arrebatada y una familia que enfrenta las consecuencias. Que en nueve meses se haya alcanzado el total de investigaciones de todo el año anterior no es un dato menor ni debería quedar relegado entre las diferencias de los gobiernos. Tampoco basta con anunciar operativos, emitir posicionamientos o condenar públicamente cada asesinato; la obligación de las autoridades es demostrar que existen mecanismos eficaces de prevención, protección y acceso a la justicia.
El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, volverán las manifestaciones, los pronunciamientos y los compromisos institucionales. Pero sería lamentable que, una vez pasada la fecha, el tema vuelva a perder espacio en la agenda pública. La violencia feminicida no puede atenderse por temporada ni convertirse en una preocupación que solamente aparece cuando las cifras generan indignación. Requiere continuidad, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y políticas públicas que puedan evaluarse por sus resultados.
Si el gobernador y el alcalde quieren cerrar sus respectivas administraciones con un balance que vaya más allá de las obras inauguradas y las disputas políticas, tendrían que concentrar buena parte de sus esfuerzos en los problemas que afectan directamente a los potosinos.
En el caso de Enrique Galindo, sus aspiraciones políticas apuntan a la gubernatura en 2027, por lo que valdría la pena que comenzara a colocar esta problemática entre sus prioridades públicas, más allá de si finalmente participa o no en esa elección. La violencia contra las mujeres exige empatía, sensibilidad y atención permanente, no solamente cuando representa una oportunidad de posicionamiento.
Por su parte, Ricardo Gallardo está en la recta final de su administración, lo que no significa que las deficiencias que persistan en esta materia deban convertirse en una responsabilidad exclusiva de quien lo suceda, incluso si esa persona proviene de su propio proyecto político.
