- Secretarías y direcciones fallaron en su planeación anual al incurrir en subejercicios críticos o agotar sus partidas antes de tiempo.
- Ordenan auditorías urgentes a organismos y planteles educativos para frenar posible opacidad y lucro indebido con cobros a la ciudadanía.
El cierre del ejercicio fiscal en el Gobierno de San Luis Potosí dejó al descubierto severas deficiencias de planeación administrativa y presuntas irregularidades operativas en diversas áreas de la administración estatal. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció la existencia de dependencias sobregiradas y otras que ni siquiera han ejercido la mitad de su presupuesto asignado, por lo que advirtió el inicio de auditorías exhaustivas ante la sospecha de lucro con los recursos que captan directamente de los ciudadanos.
Durante un balance sobre el desempeño de su gabinete, el mandatario admitió que se han tenido que “apretar tuercas” de manera urgente frente al manejo discrecional del gasto público. Gallardo calificó como “mal hecho” el desempeño de titulares de áreas que operan en los extremos del descontrol financiero: mientras algunas secretarías agotaron anticipadamente sus techos presupuestales y carecen de fondos para concluir el año, otras incurrieron en un alarmante subejercicio al mantener guardado más del 50 % de su dinero.
“No pueden haber subejercicios ni puede haber sobrantes de recurso en secretarías, porque entonces quiere decir que no programaron bien su presupuesto… pero también está mal hecho estar sobregiradas”, sentenció el titular del Ejecutivo, reprochando la falta de rigor para apegarse al calendario presupuestal.
En la mira´cobros no reportados en organismos y escuelas
La mayor alerta se encendió en torno a los Organismos Públicos Descentralizados (OPDs), direcciones e instituciones educativas que manejan recursos propios o autogenerados. El Ejecutivo anunció una ofensiva de auditorías conjuntas —tanto internas como externas, a nivel local y con intervención federal— para fiscalizar a fondo el destino del dinero que estas áreas recaudan por concepto de trámites, cobro de exámenes o venta de informes y uniformes.
El gobernador subrayó que estas revisiones buscan transparentar ingresos que históricamente han operado al margen de la supervisión oficial y confirmar si funcionarios han lucrado de manera personal con estos fondos:
- Sospecha de lucro indebido: La fiscalización pondrá énfasis en determinar si los ingresos autogenerados fueron reportados a cabalidad o si fueron desviados para el beneficio y lucro de particulares dentro de las dependencias.
- Gasto sin justificación programática: Se detectó que diversas oficinas ejecutaron eventos y actividades por encima de las metas autorizadas, vulnerando los techos financieros bajo el pretexto de contar con flujo extraordinario.
- Fiscalización sin excepción: El mandatario recalcó que no habrá tolerancia para los organismos descentralizados ni para las dependencias que administran cuotas ciudadanas, exigiendo el mismo estándar de rendición de cuentas que se aplica a los presupuestos etiquetados del estado y la federación.
Con estas medidas, la administración estatal advirtió que no tolerará más opacidad en el manejo del erario y que las dependencias deberán rendir cuentas claras sobre las anomalías presupuestales registradas en el cierre del ejercicio.