¿A quién quieren engañar?
Con argumentos poco creíbles, presentan permisionarios del transporte público urbano una iniciativa en la que solicitan casi 2 mil 800 millones de pesos en el presupuesto estatal 2027, argumentando se instituya un programa de beneficio social.
Sin mejorar sustantivamente la calidad, seguridad, accesibilidad, higiene, presentación, eficiencia y suficiencia del transporte público en San Luis Potosí, con uno de los mayores costos de este servicio de las principales ciudades del país y de acuerdo a datos del INEGI en 2025, de que solo poco más de la mitad de los usuarios, el 54.7% están satisfechos con el servicio de transporte público; el 20.9% con los horarios disponibles; el 38.4% con la limpieza y buen estado de las unidades y el 47.5% con que los operadores son respetuosos de los señalamientos viales, y reprobado con un puntaje de 48.6 de 100 puntos según un estudio del centro Mario Molina, con focos rojos en accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad, disfrazando la propuesta de utilizar los recursos en la creación del “Programa Estatal para el Fortalecimiento y Apoyo al Usuario del Transporte Público de Personas en el Área Metropolitana de San Luis Potosí”, argumentando serán usados para “impulsar el fortalecimiento del sector”, renovar 768 unidades, capacitación, mejorar la situación financiera por perdidas en la pandemia, cubrir supuesto déficit operativos y garantizar la rentabilidad.
Antes de pedir recursos públicos, los permisionarios deberían mejorar sustancialmente la calidad y los servicios y la SCT estatal debe exigir que cumplan con la ley.
¿Alguien cree el argumento que cada camión genera solamente 3 mil 900 pesos al día?
Si realmente creen que no es negocio, con la poca vergüenza de solicitar recursos públicos para financiar sus empresas, ¿Por qué no renuncian a sus concesiones?