Información insuficiente de la secretaria de salud.
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ 22 de octubre de 2026
En los hospitales públicos, las carencias no se quedan en los informes ni desaparecen cuando termina una comparecencia. Se sienten en las horas de espera, en los medicamentos que no llegan y en el personal que debe atender a más pacientes de los que puede cubrir razonablemente durante una jornada. En San Luis Potosí, esa realidad quedó expuesta una vez más durante la comparecencia de la secretaria de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz, ante el Congreso del Estado.
El Hospital Central enfrenta un déficit estimado de entre 350 y 700 enfermeras, mientras que una trabajadora puede atender de 18 a 30 pacientes por turno. La dimensión del problema no necesita demasiadas explicaciones. Detrás de cada cifra hay trabajadores sometidos a una presión constante y pacientes que dependen de una atención que requiere tiempo, cuidado y personal suficiente. La vocación de una enfermera puede hacer mucho, pero no puede sustituir cientos de plazas vacantes ni corregir por sí sola las deficiencias de un sistema.
De las 395 plazas comprometidas, la secretaria informó que 50 llegarían en noviembre, mientras el resto continúa pendiente de análisis y cobertura. La contratación de personal es necesaria, pero entre anunciar nuevas plazas y tenerlas cubiertas existe una diferencia que se vive todos los días en los hospitales. Quienes esperan atención no pueden quedarse indefinidamente a la espera de que concluyan los trámites administrativos.
A este panorama se suma el abasto de medicamentos, que pasó de 91 por ciento en octubre de 2025 a entre 72 y 73 por ciento en septiembre de 2026, de acuerdo con los datos expuestos durante la sesión. Aunque la funcionaria reportó una aportación federal de mil 634 millones de pesos al programa U-013 y un incremento de 5.89 por ciento en la contribución estatal, sigue pendiente explicar cómo se traducen esos recursos en medicamentos disponibles para los pacientes. Porque cuando una receta no puede surtirse, la falta deja de ser un indicador y se convierte en un problema que muchas familias terminan resolviendo con su propio dinero, si es que pueden hacerlo.
La Secretaría de Salud sostiene que desde 2024 el IMSS-Bienestar administra los hospitales, las unidades médicas y el almacén central, mientras el Estado conserva otras funciones y apoya en la distribución de medicamentos.
La explicación delimita responsabilidades, pero también evidencia el riesgo de que las necesidades de la población queden atrapadas entre distintas instituciones. A una persona enferma poco le sirve saber qué dependencia debe resolver el problema si ninguna consigue que reciba oportunamente el tratamiento que necesita.
Tampoco se precisó cuántas supervisiones estatales se realizaron en los hospitales durante 2026. La falta de ese dato deja otra interrogante sobre el seguimiento a las condiciones de las unidades médicas. Supervisar no debería limitarse a revisar documentos o cumplir con una agenda institucional, sino servir para identificar carencias, exigir correcciones y comprobar que las soluciones realmente lleguen a quienes las necesitan.
Por supuesto, durante la comparecencia también se reportaron acciones relevantes, como más de 32 mil servicios brindados por 187 ambulancias, actividades de prevención del suicidio, vacunación contra el sarampión y la próxima instalación de una primera etapa de 453 consultorios de atención primaria. Son esfuerzos que deben reconocerse, pero también evaluarse por sus resultados. Abrir consultorios o anunciar programas tendrá un alcance limitado si no existen personal suficiente, medicamentos disponibles y mecanismos eficaces para atender los casos que requieren mayor atención.
Lo preocupante es que, entre los resultados presentados y los reconocimientos políticos expresados durante la sesión, quedaron pendientes respuestas concretas sobre las plazas, el suministro de medicamentos y la supervisión hospitalaria. La rendición de cuentas no debería convertirse en un ejercicio de elogios ni reducirse a una disputa sobre quién tiene determinadas atribuciones. La ciudadanía necesita saber qué está fallando, quién debe corregirlo y cuándo se notarán los cambios. La salud es demasiado importante para quedar subordinada a la comodidad de las explicaciones institucionales.
Al final, los hospitales no se evalúan desde una tribuna ni por la cantidad de cifras que caben en un informe. Se evalúan cuando una persona encuentra el medicamento que necesita, cuando una enfermera puede atender sin cargar con una responsabilidad imposible y cuando una familia recibe respuestas en uno de sus momentos más difíciles.
