En voz alta: Derechos humanos y dignidad
Discapacidad e inclusión:
El costo social y económico de las barreras.
La opinión de Catalina Torres Cuevas ✒️ / 12 de octubre de 2026
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Somos Todos. Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe”, de 2023, ofrece una visión actual de la discapacidad y cuestiona los prejuicios que aún frenan la inclusión.
Su idea central es clara: “La discapacidad no reside únicamente en la persona, sino que surge de la interacción entre sus características y las barreras del entorno”.
Una silla de ruedas, por ejemplo, se convierte en una limitación cuando no existen rampas, ascensores o transporte accesible.
Este enfoque, impulsado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sustituye los modelos asistenciales y médicos por una perspectiva social y de derechos humanos.
El desafío ya no consiste en “corregir, visibilizar o ayudar” a las personas con discapacidad sino, sobre todo, en transformar las condiciones adversas que, sin duda alguna, las excluyen permanentemente.
Por ello, la accesibilidad, los ajustes razonables y el diseño universal son obligaciones necesarias para garantizar autonomía, dignidad y participación en igualdad de condiciones.
La magnitud del reto es considerable. Más de mil millones de personas —aproximadamente uno de cada ocho adultos— viven con alguna discapacidad en el mundo.
En América Latina y el Caribe representan cerca del 13 % de la población y, según datos del INEGI, en San Luis Potosí alcanzan el 17.5 %.
No se trata, por tanto, de una realidad excepcional, sino de una condición que exige respuestas públicas amplias y sostenibles.
La inclusión también representa una oportunidad de desarrollo.
El estudio del BID sobre México y otros países de la región estima que incorporar a las personas con discapacidad al mercado laboral podría aumentar el producto interno bruto entre 2 % y 3 %.
Para tener una idea de cuanto es esto, el presupuesto anual del gobierno federal destinado a la educación de todo el país alcanza un poco más del 3 %, eso significa que la cantidad que podría aumentar el producto interno bruto no es nada despreciable.
Además de esta contribución económica, el acceso a un empleo digno favorece los ingresos propios, la independencia, la calidad de vida, y la participación activa en la comunidad.
La exclusión también afecta a las familias. Ante la falta de apoyos y servicios accesibles, algún familiar suele reducir su jornada o abandonar el empleo para asumir tareas de cuidado y apoyo, lo que
amplía el costo social y económico de las barreras.
De ahí la necesidad también de políticas de cuidados y apoyos para la vida independiente y servicios comunitarios que permitan distribuir las responsabilidades de manera más justa.
En definitiva, eliminar barreras en la infraestructura, la comunicación, la educación, los servicios públicos y el empleo permite reconocer las capacidades de las personas con discapacidad y hacer efectivos sus derechos.
Avanzar hacia una sociedad inclusiva exige superar las respuestas centradas solo en la asistencia y crear entornos que impulsen la autonomía y la participación.
Esta transformación nos beneficia a todos y contribuye a construir comunidades más justas, accesibles y productivas.
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