Dos mil plazas menos rumbo a 2027:
Una naciente incertidumbre laboral.
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ 24 de septiembre de 2026
El Gobierno del Estado se prepara para llegar a septiembre de 2027 con una estructura laboral hasta 2 mil trabajadores más pequeña.
La estimación de la Oficialía Mayor no es un dato menor, especialmente cuando se coloca frente a otro número: en lo que va de 2026 dejaron de renovarse alrededor de mil contratos de trabajadores por honorarios asimilables.
La explicación oficial apunta al ahorro y a la posibilidad de dirigir esos recursos hacia obras y programas, pero detrás de cada contrato que no se renueva también existe una historia laboral que termina y una familia que deja de percibir ese ingreso.
La estrategia, además, encaja con el escenario financiero que ya se está dibujando para el último año de la administración.
La Secretaría de Finanzas ha señalado que el Presupuesto de Egresos 2027 tendrá como referencia el monto autorizado para 2026 y que las dependencias deberán reducir sus costos de operación para enfrentar el cambio de gobierno.
No es, por tanto, un movimiento aislado de la Oficialía Mayor, sino parte de una lógica de contención del gasto que marcará el cierre del sexenio.
Los números ayudan a entender por qué la nómina se ha convertido en un terreno tan sensible.
El presupuesto estatal aprobado para 2026 asciende a 70 mil 461 millones de pesos y, dentro del gasto no etiquetado, se contemplaron 8 mil 556 millones para servicios personales, donde se incluyen los recursos destinados al personal administrativo, magisterio y seguridad pública.
Tan solo para el primer trimestre de este año se habían devengado más de mil 809 millones de pesos en ese rubro.
A esto se suma el comportamiento del aguinaldo que reportó el oficial mayor, Noé Lara Enríquez. De los cerca de de mil 250 millones de pesos que se destinaban en los primeros años del sexenio, la obligación patronal habría bajado a unos 800 millones en los últimos dos años.
Una diferencia de aproximadamente 450 millones de pesos que permite dimensionar el impacto financiero de reducir personal, particularmente cuando se trata de trabajadores contratados bajo esquemas que no generan las mismas prestaciones que el personal sindicalizado.
El propio Gobierno mantiene disponible la información de sus cuentas públicas para revisar cómo se ejercen y clasifican estos recursos.
Y aquí aparece el verdadero asunto.
Reducir la nómina puede ser una herramienta legítima para contener el gasto, pero el ahorro por sí mismo no debería convertirse en la meta final.
La discusión tendría que avanzar hacia algo más concreto: saber cuánto de esos recursos termina realmente en infraestructura, seguridad, salud, programas sociales o servicios que la ciudadanía pueda identificar.
Porque si desaparecen plazas, pero las mismas funciones terminan repartidas entre menos personas, el ahorro puede existir en el papel mientras el costo se traslada a la operación cotidiana del gobierno.
El cierre de una administración siempre deja una fotografía de lo que se hizo y también de lo que se decidió no hacer. Para 2027, el Gobierno del Estado ha anticipado precisamente un ejercicio de contención y previsión ante el cambio de administración.
Si finalmente son 2 mil trabajadores menos, la discusión no debería terminar en la cifra de plazas eliminadas ni en los millones ahorrados.
La verdadera rendición de cuentas estará en demostrar qué se hizo con ese dinero y si una burocracia más pequeña consiguió hacer un gobierno más eficiente.
Porque adelgazar la nómina es relativamente sencillo de contabilizar.
Lo verdaderamente difícil será demostrar que ese sacrificio se convirtió en mejores resultados para los potosinos.
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