Una puerta abierta, con llave por dentro.
Apuntes del periodista Samiel Moreno ✒️ 6 de agosto de 2026
El Congreso del Estado tiene frente a sí una de esas decisiones que pueden parecer técnicas en el papel, pero que terminan teniendo consecuencias muy concretas para cualquier ciudadano que quiera saber qué hace el gobierno con el dinero público.
La propuesta para modificar el sistema de transparencia en San Luis Potosí abre dudas que no deberían tomarse a la ligera.
Uno de los principales cuestionamientos está en la intención de crear un nuevo organismo garante de la transparencia que quedaría subordinado a la Contraloría General del Estado.
Además, se plantea que su titular sea designado directamente por el gobernador. La pregunta es sencilla: ¿qué tan independiente puede ser una institución encargada de vigilar al gobierno si depende del propio gobierno?
A esto se suman cambios que podrían darle más tiempo a las autoridades para responder solicitudes de información y ampliar los periodos para actualizar sus obligaciones de transparencia.
Para quien trabaja dentro de una oficina pública quizá sean ajustes administrativos, pero para un ciudadano que busca conocer cuánto se gastó, quién recibió un contrato o por qué se tomó determinada decisión, esperar más tiempo sí hace una diferencia.
Y hay un dato que ayuda a dimensionar el problema.
Durante 2025 se presentaron 6 mil 763 solicitudes de información pública en San Luis Potosí y mil 229 terminaron en recursos de revisión.
Es decir, cerca de una de cada cinco solicitudes requirió la intervención del órgano garante.
No son solamente números.
Detrás de cada petición hay ciudadanos, periodistas, investigadores o integrantes de la sociedad que buscan respuestas y que, en algunos casos, tuvieron que insistir para obtenerlas.
Por eso también vale preguntarse qué ocurrirá con quienes no tienen tiempo, conocimientos jurídicos o recursos para insistir ante una autoridad que no responde.
La transparencia funciona cuando el ciudadano puede acceder a la información sin convertir cada solicitud en un trámite interminable.
Si los cambios terminan haciendo más complicado ese camino, el problema no será solamente institucional. Será cotidiano para quienes buscan ejercer un derecho.
La transparencia no debería entenderse como una concesión de los gobiernos. Es un derecho que permite a la ciudadanía revisar, cuestionar y exigir cuentas.
Por eso, cualquier reforma que reduzca controles o acerque demasiado al poder político al organismo encargado de vigilarlo debe discutirse con seriedad y de cara a la sociedad.
El Congreso todavía puede corregir el rumbo.
No se trata de defender por sí mismo un modelo anterior, sino de garantizar que el que venga sea mejor.
Porque cuando la información pública se vuelve más difícil de obtener, quien pierde no es una institución ni un partido.
Pierde el ciudadano que intenta saber qué ocurre con los recursos y las decisiones que se toman en su nombre.
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