ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR UN PROTOCOLO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN Y DE ESTABLECER LOS REQUISITOS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN ATENCIÓN OBSTÉTRICA
La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado en materia de violencia obstétrica, para incorporar la obligación de elaborar un protocolo estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica, incluyendo la obligación de proporcionarlo en lengua materna cuando sea necesario.
Se reconocen expresamente los derechos de la paciente a tener un acompañante de su elección, apego inmediato al recién nacido y acceso al expediente clínico; destacó la legisladora que este tema es relevante para San Luis Potosí como una obligación del Estado Mexicano y la mayoría de las entidades del país, 28 de 32, ya tienen esta regulación.
La violencia obstétrica es una forma específica y sistemática de violencia de género que se ejerce contra las mujeres y personas con capacidad de gestar en el contexto de la atención médica durante el embarazo, el parto, el posparto y el aborto. Constituye una violación a los derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, a la integridad personal, a la autonomía reproductiva, al trato digno y al libre consentimiento informado.
A nivel nacional, la ENDIREH 2021 reporta que 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 vivieron algún tipo de violencia obstétrica; las formas más comunes fueron: trato humillante o regaños, negación o retraso de atención, procedimientos sin consentimiento informado, impedimento de acompañamiento y cesáreas no justificadas.
En San Luis Potosí, la incidencia se ubica por encima del promedio nacional, alcanzando entre 34% y 38%, con mayor afectación en mujeres indígenas y rurales. Estos datos evidencian la urgencia de incorporar esta modalidad de violencia en la Ley estatal para garantizar atención digna, respetuosa y con pertinencia cultural.
En el caso de San Luis Potosí es necesario fortalecer y precisar los mecanismos de atención previstos en su legislación local para asegurar una protección efectiva y actualizada. La iniciativa propone incorporar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado la obligación de elaborar un Protocolo Estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica, incluyendo la obligación de proporcionarlo en lengua materna cuando sea necesario.
Se reconocen expresamente los derechos de la paciente (acompañante de elección, apego inmediato al recién nacido, acceso al expediente clínico). Es de naturaleza normativa y establece obligaciones de protocolo y mecanismos de denuncia que se inscriben en las estructuras institucionales existentes —Secretaría de Salud del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva— sin crear nuevas entidades ni programas que impliquen gasto adicional.
La iniciativa de la diputada Frinné Azuara se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones de Igualdad de Género y Salud y Asistencia Social.