La libertad en pausa…
Reflexiones del periodista Samuel Moreno ✒️ / 18 de junio de 2026
Hay ocasiones en que el problema no está en las leyes que se aprueban, sino en las discusiones que se evitan. Eso es justamente lo que ocurre con la llamada “Ley Serrano”.
Mientras crece la controversia sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión, el Congreso del Estado parece más interesado en dejar pasar el tiempo que en abrir un debate de fondo sobre una reforma que desde su origen ha estado rodeada de cuestionamientos.
La nueva iniciativa ciudadana presentada por Álvaro Israel Leyva Frías pone sobre la mesa una salida distinta a la polarización.
No propone una derogación total ni una defensa irrestricta de la legislación vigente. Lo que plantea es algo mucho más razonable: corregir las ambigüedades que podrían convertir una herramienta de protección digital en un mecanismo de restricción para la crítica, el periodismo o la libre circulación de ideas.
El avance de la inteligencia artificial obliga a los gobiernos a legislar sobre fenómenos que hace apenas unos años parecían ciencia ficción.
Nadie puede negar que existen riesgos reales. La creación de contenido falso, la suplantación de identidad y la violencia digital son problemas que merecen atención. Sin embargo, la solución nunca puede construirse a partir de conceptos tan amplios que permitan castigar expresiones legítimas bajo criterios subjetivos.
Por eso resulta relevante que la propuesta ciudadana exija acreditar elementos concretos como la falsedad del contenido, la intención de causar daño y la existencia de una afectación verificable.
En cualquier democracia madura, el derecho penal debe actuar con precisión quirúrgica, no con herramientas capaces de alcanzar indiscriminadamente a periodistas, activistas, opositores o ciudadanos incómodos para el poder.
Más allá de las diferencias entre quienes buscan derogar la Ley Serrano y quienes pretenden reformarla, existe una pregunta que el Congreso todavía no responde.
¿Por qué una iniciativa impulsada por organizaciones como Artículo 19 sigue sin avanzar en su trámite legislativo? La ausencia de respuestas alimenta la percepción de que el tema se mantiene deliberadamente en pausa para evitar costos políticos.
La congeladora legislativa suele presentarse como una simple demora administrativa, pero sus efectos son mucho más profundos.
Cuando los representantes populares dejan de discutir asuntos de interés público, el silencio institucional termina sustituyendo al debate democrático.
Y cuando una ley señalada por organismos defensores de derechos humanos permanece vigente porque nadie quiere discutirla, el problema deja de ser jurídico para convertirse en político.
La libertad de expresión rara vez desaparece de golpe. Normalmente se desgasta mediante pequeñas omisiones, decisiones aplazadas y discusiones que nunca llegan a concretarse.
Por eso, el verdadero desafío para el Congreso no consiste únicamente en decidir si la “Ley Serrano” debe mantenerse, modificarse o desaparecer.
Su responsabilidad es demostrar que todavía está dispuesto a debatir de cara a la ciudadanía.
Porque una democracia fuerte no se mide por la cantidad de leyes que produce, sino por su capacidad para revisar aquellas que generan dudas.
Y cuando una legislación acumula críticas, reformas alternativas y llamados de atención de organizaciones especializadas, lo mínimo que se espera de los legisladores es que la discutan.
Seguir posponiéndolo sólo fortalece la sospecha de que, en San Luis Potosí, hay temas que resulta más cómodo guardar en un cajón que enfrentar en el pleno.
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