Crédito para gobernar… o para competir.
Apuntes de Rolando Morales ✒️ 1 de junio de 2026
Hay decisiones que se explican con números y otras que se entienden mejor observando el calendario político.
La autorización para pedir un crédito de hasta 200 millones de pesos por parte del Cabildo de San Luis Potosí parece ubicarse justamente en ese punto donde las finanzas públicas y las aspiraciones electorales comienzan a cruzarse peligrosamente.
La narrativa oficial es sencilla: el Ayuntamiento necesita liquidez inmediata para arrancar obras porque el dinero que se espera obtener de la venta de predios municipales llegará de manera gradual.
Según el alcalde Enrique Galindo Ceballos, se trata de un financiamiento de corto plazo, responsable, legal y que no se heredará a la siguiente administración. Sobre el papel suena razonable. Pero la política rara vez se analiza únicamente sobre el papel.
La primera pregunta es inevitable: ¿si la subasta de terrenos era la gran solución financiera para ejecutar estas obras, por qué ahora se requiere un empréstito de 200 millones de pesos?
La respuesta oficial es que los recursos llegarán tarde. La respuesta crítica es otra: la estrategia financiera simplemente no funcionó como se había planteado.
Meses atrás se defendió la venta de patrimonio municipal argumentando que permitiría financiar proyectos estratégicos. Hubo voces que advirtieron riesgos. Hubo regidores que señalaron que se estaba apostando demasiado a una operación cuyo éxito no estaba garantizado. Hoy los hechos parecen darles parcialmente la razón.
Lo que llama particularmente la atención es que el crédito no surge para enfrentar una emergencia, una contingencia o una crisis de servicios públicos. Surge para garantizar un paquete de obras previamente anunciado.
Y ahí aparece la segunda pregunta. ¿Por qué todas las prioridades parecen conducir al automóvil? El desnivel de El Saucito. El puente Jacobo Payán. La salida a Guadalajara.
Intervenciones orientadas a agilizar flujos vehiculares. Obras visibles, monumentales y políticamente rentables. Y si también está la UBR Maravillas.
No estamos hablando de una apuesta masiva por drenajes, agua potable, infraestructura social, rehabilitación de escuelas o rescate de espacios comunitarios. Estamos hablando de concreto, maquinaria pesada y estructuras que se convierten fácilmente en propaganda.
Porque hay una realidad que ningún político admite abiertamente: pocas cosas generan más rendimiento electoral que una gran obra pública.
Por eso resulta legítimo preguntarse si la urgencia de estas obras responde exclusivamente a una necesidad urbana o si también forma parte de la construcción de una plataforma política rumbo a 2027.
Galindo ya dejó de ser únicamente alcalde. Hace tiempo comenzó a comportarse como aspirante. Sus recorridos, posicionamientos, entrevistas y presencia mediática muestran a un político que claramente busca mantenerse en la conversación estatal.
Y en esa lógica, las obras públicas adquieren un valor adicional: se convierten en evidencia tangible de gestión para una futura campaña.
No es casualidad que los proyectos más impulsados sean precisamente aquellos que pueden exhibirse desde un dron.
La paradoja es que mientras el Ayuntamiento solicita autorización para endeudarse, sigue sin existir plena certeza sobre el destino final de los terrenos municipales puestos en venta.
Es decir, los potosinos observan cómo se intenta vender patrimonio público y al mismo tiempo contratar deuda para financiar exactamente las mismas obras.
La combinación genera dudas. Muchas dudas. Porque si las ventas terminan concretándose, ¿por qué era indispensable el crédito? Y si las ventas no se concretan, ¿qué garantía existe de que la planeación financiera fue realmente sólida desde el principio?
Los defensores del empréstito insisten en que los intereses serán manejables. Los críticos recuerdan que cada peso destinado al pago financiero es un peso que deja de invertirse en servicios, mantenimiento o infraestructura básica. Ambos tienen argumentos. Pero el problema de fondo es otro. La confianza.
Cuando una administración recurre simultáneamente a la venta de patrimonio y a la contratación de deuda para sacar adelante el mismo paquete de obras, inevitablemente surgen preguntas sobre la planeación, las prioridades y los verdaderos incentivos detrás de las decisiones.
Quizá las obras sean necesarias. Quizá algunas incluso resulten positivas para la movilidad.
Pero también es válido preguntarse si detrás de los puentes, desniveles y distribuidores viales se está construyendo algo más que infraestructura.
Tal vez se esté construyendo una candidatura.
Y eso cambia completamente la conversación.
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