En voz alta: Derechos humanos y dignidad
Pensar fuera de la caja, sin salir del marco de los derechos…
Catalina Torres Cuevas ✒️ /26 de mayo de 2026
La consulta a las personas con discapacidad es una obligación para los gobiernos de cualquier nivel, cuando pretenden impulsar modificaciones legislativas o de política pública que afecten a este colectivo.
No se trata de una medida optativa, ni puede omitirse bajo el argumento de que se busca su “beneficio”, de que no hay tiempo o de que faltan recursos.
Su fundamento jurídico se encuentra en el artículo 4, párrafo 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin embargo, en la práctica, este deber se ha convertido en un obstáculo que las autoridades parecen incapaces de resolver.
Particularmente, el Congreso del Estado de San Luis Potosí arrastra sentencias incumplidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo obligan a consultar antes de reformar la Ley Electoral y la Ley de Educación del Estado.
A lo anterior, se suma una veintena de iniciativas adicionales que también tendrían que pasar por este proceso para evitar nuevas violaciones constitucionales.
Mientras tanto, el Congreso permanece paralizado, sin una ruta clara para cumplir, y todas esas reformas siguen detenidas.
El diputado Héctor Serrano ha señalado que mantienen comunicación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que les indique cómo dar cumplimiento a las sentencias, sin embargo, el tiempo sigue corriendo y, en el caso de la Ley Electoral, el margen es ya mínimo: quedan menos de 30 días para realizar la consulta y lograr que la reforma sea aprobada por el pleno en tiempo y forma.
Todo apunta probablemente, a que volverán a legislar sin consultar y a que solicitarán a la Corte una nueva “dispensa” para posponer, una vez más, una obligación que no admite demora indefinida.
En el fondo, el problema persiste porque todavía se mira a las personas con discapacidad como objetos de tutela y no como sujetos plenos de derechos.
En la práctica, sus derechos parecen quedar sujetos a criterios de conveniencia. Nos sigue costando asumir las transformaciones estructurales necesarias para incorporarlas de manera efectiva a los procedimientos normativos.
Se insiste, así, en tratarlas como excepción cuando deberían formar parte de la regla.
Los diputados sostienen que cada consulta costaría 10 millones de pesos. Conviene detenerse en esa afirmación.
Hasta ahora, y pese a varios intentos fallidos, no se ha presupuestado un solo peso para realizarlas. ¿Cómo pueden entonces asegurar que cada ejercicio tendría ese costo? ¿De dónde surge una cifra tan desproporcionada?
Ahí reside una trampa discursiva: se pretende instalar la idea de que no existe alternativa y de que cumplir con la obligación de consultar implicaría un gasto exorbitante, porque presentado así, el deber constitucional aparece ante la opinión pública como algo excesivo, injustificable e inviable.
Pero no hay que olvidar, que todas las consultas que el Congreso del Estado ha realizado en San Luis Potosí —en 2021, sobre la Ley de Asistencia Social; en 2022, sobre la Ley Electoral y la Ley de Educación; y en 2023, sobre la Ley de Salud Mental y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad— han sido organizadas por personal del propio Congreso.
El problema no ha sido, por tanto, la imposibilidad material de hacerlas, sino la ausencia de especialistas en derechos de las personas con discapacidad y de personal con un conocimiento profundo del modelo social de la discapacidad.
Por ello, esos ejercicios han sido ampliamente cuestionados y, en algunos casos, han dado lugar a nuevas sentencias de la Suprema Corte que ordenan repetirlos bajo parámetros adecuados.
El problema, en consecuencia, no ha sido el dinero invertido, sino la falta de personal capacitado para diseñar y conducir estas consultas de manera adecuada.
Se nos quiere hacer creer que consultar a las personas con discapacidad es un problema insalvable. No lo es.
Lo que hace falta es pensar fuera de la caja, pero siempre dentro del marco de los derechos.
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