CONSOLIDAR ACCIONES NORMATIVAS QUE PERMITAN ATENDER DE MANERA INTEGRAL LA VIOLENCIA ESCOLAR: DIP. ROXANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
Con el fin de establecer la implementación obligatoria de programas integrales de formación en valores, cultura de paz, empatía y resolución pacífica de conflictos en el ámbito educativo, la diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa para adicionar los artículos 83 BIS y 115 BIS de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa propone establecer en el apartado de cultura de la Paz, Convivencia Democrática en las Escuelas y Entornos Escolares Libres de Violencia, que en los casos en que estudiantes incurran en actos de violencia en contra de personal docente o educativo, las autoridades escolares deberán aplicar medidas formativas y correctivas al estudiante, con enfoque educativo y restaurativo; convocar a madres, padres o tutores a participar en procesos obligatorios de orientación y acompañamiento; en caso de daños, promover los mecanismos legales correspondientes para la reparación del daño, conforme a la legislación aplicable.
Contemplar acciones específicas de prevención, detección temprana y atención de conductas de violencia escolar; incorporar capacitación continua al personal docente y directivo en el manejo de conflictos y prevención de la violencia, y establecer protocolos claros de actuación ante casos de agresión hacia cualquier integrante de la comunidad educativa, en particular hacia el personal docente.
La legisladora manifestó que resulta indispensable consolidar acciones normativas que permitan atender de manera integral la violencia escolar, particularmente aquella dirigida hacia el personal docente, directivo y administrativo, quienes desempeñan una función fundamental en la formación de las nuevas generaciones.
Indica que el Gobierno del Estado ha reiterado su compromiso con la creación de espacios educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la sana convivencia, en coordinación con la comunidad escolar y las familias.
No obstante estos avances, resulta necesario complementar las políticas públicas existentes mediante un marco jurídico más robusto que establezca obligaciones claras tanto para las autoridades escolares como para madres, padres y tutores, en la prevención y atención de la violencia escolar.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.