La ley existe en SLP, la voluntad no:
Cuando el gobierno decide no buscar a sus desaparecidos
Reflexiones de Samuel Moreno ✒️ / 5 de febrero de 2026
Hay una verdad incómoda que las autoridades estatales prefieren esquivar: en San Luis Potosí, la desaparición de personas no es una emergencia institucional. Es un tema que se administra, se dosifica y se posterga. No porque no existan leyes, recursos o diagnósticos, sino porque falta decisión.
Mientras eso ocurre, las familias siguen buscando solas, con miedo, con rabia y con una certeza devastadora: para el Estado, su tragedia no es prioritaria.
La ausencia de una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada no es un descuido ni un error técnico. Es un incumplimiento deliberado a una obligación vigente desde 2017. Ocho años después, el Congreso del Estado y la fiscalía general del estado continúan dando largas, escondiéndose detrás de argumentos gastados como la falta de recursos o la supuesta necesidad de armonizar leyes que ya fueron armonizadas en papel.
Hablar de noviembre de 2026 como posible plazo es, en los hechos, aceptar que no hay prisa por buscar a los desaparecidos.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad es brutal. Las familias, no el gobierno, fueron las que impulsaron la llegada de más de 26 millones de pesos federales para tareas de búsqueda, con una aportación estatal mínima. Aun así, no hay claridad sobre el destino de ese dinero. No se ve en operativos, no se ve en protección, no se ve en resultados.
Lo que sí se ve son madres excavando con sus propias manos, entrando a zonas de alto riesgo sin respaldo institucional, haciendo el trabajo que debería hacer el Estado.
La remoción de Luz María Montes Mariano de la Unidad Especializada de Búsqueda confirma la lógica con la que se toman decisiones. En lugar de fortalecer a quien tenía reconocimiento y confianza de las víctimas, se le aparta.
El mensaje es claro: la sensibilidad estorba, el compromiso incomoda. En una crisis humanitaria, desmantelar lo poco que funciona no es torpeza, es una postura.
A esto se suma el abandono visible; autoridades que no aparecen en las protestas, exhumaciones retrasadas por más de dos años, expedientes estancados y familias cansadas de pedir lo obvio. No hay diálogo real, no hay urgencia, no hay responsabilidad asumida. Hay, en cambio, una estructura que normalizó la ausencia.
Voz y Dignidad por los Nuestros no protesta por protagonismo. Protesta porque el Estado no busca. Porque en San Luis Potosí la desaparición se enfrenta con burocracia y silencio, no con instituciones fuertes. Y mientras la Fiscalía Especializada siga siendo una promesa aplazada, la realidad seguirá golpeando más fuerte que cualquier discurso oficial.
Las cifras nacionales dimensionan la gravedad del problema que se pretende minimizar.
En México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas supera ya las más de 115 mil personas desaparecidas, de las cuales miles corresponden a los últimos años.
Tan sólo en el país se localizan más de 5 mil fosas clandestinas y, de acuerdo con organizaciones civiles, siete de cada diez familias buscan sin acompañamiento efectivo del Estado. San Luis Potosí no es la excepción; es parte de una crisis nacional que exige instituciones, no pretextos.
La reflexión es inevitable: un Estado que no busca, que aplaza y que se esconde, termina convirtiéndose en cómplice del olvido.
Y cuando la autoridad renuncia a su obligación más básica —proteger la vida y la dignidad—, la deuda no sólo es legal, es moral y profundamente humana.
