Leviatán
Editorial de Contrapeso Noticas.
Crónica de la comparecencia de la Fiscal General del Estado.
Entre violaciones al protocolo establecido, masticado de chicle, dudas sin resolver, problemas sin plantear, incertidumbre, injusticias, fotos “pal face”, preguntas a modo e impunidad y banquitos, los diputados del Congreso del Estado perdieron una oportunidad única de señalar lo que mal se ha hecho, las áreas de oportunidad y aportar al compromiso de hacer algo por mejorar la procuración de justicia en San Luis Potosí.
En su comparecencia, la Fiscal General del Estado hizo un grave señalamiento de irresponsabilidad y falta de atención de su dependencia en el caso del penoso accidente del antro Rich, al declarar que personal de la fiscalía no se presentó sino hasta el día siguiente en el lugar de la tragedia.
Ignacio R. Acosta Díaz de León / 2 de Diciembre de 2024
A pesar de la gravedad en la percepción y en los hechos de la seguridad pública y de los delitos cometidos en San Luis Potosí, que periódicamente muestra el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública en donde San Luis Potosí, en denuncias que se han presentado por cualquier delito de enero a octubre de 2024 ocupa el doceavo lugar con 49,286 denuncias, que representa el 2.78% del total presentadas a nivel nacional, por encima de estados en los que regularmente se percibe que existe mayor incidencia delictiva, como pudieran ser Quintana Roo, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero o Colima.
El panorama no mejora cuando ese mismo análisis se realiza solamente en los delitos denunciados en el mes de octubre de 2024, en el que San Luis Potosí ocupa el onceavo lugar con 5,101 denuncias, el 2.83% del total presentadas a nivel nacional, por encima de estados de los mismos estados señalados anteriormente, pero con poca diferencia por debajo de Coahuila, Veracruz o Chihuahua.
Aunado a lo anterior, el escenario se complica por el gran porcentaje de aproximadamente el 93% de la cifra negra, es decir, de los delitos que no se denuncian por diversas razones, por las diferencias cuantitativas que se tienen con los reportes del INEGI en materia de defunciones, al contabilizar regularmente este último cifras más altas de las que reporta el secretariado; la extremadamente alta percepción de inseguridad pública del 68.5% en septiembre de 2024 en el área urbana de la capital de San Luis Potosí, o el muy bajo nivel de confianza que tiene la población en las instancias de seguridad y de procuración de justicia.
Aún y ante el anterior sombrío panorama, las y los diputados de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, desaprovecharon una oportunidad única de hacer cuestionamientos de fondo y de valor que permitieran conocer a fondo las razones y raíces de muchas de las causas de esta realidad que estamos viviendo en materia de justicia, durante la comparecencia de la Licenciada María Manuela García Cázares, Fiscal General de Justicia en el Estado.
Abogada de profesión, la Lic. García Cázares cuenta con casi cuarenta años de trayectoria y experiencia en diversas actividades del derecho; una vez ya procuradora general del estado hace poco más de 25 años; con experiencia en el poder judicial como secretaria de estudio y cuenta, jueza y magistrada, en la formación y servicio civil de carrera en el instituto de estudios judiciales y en el consejo de la judicatura; y en la academia, como docente en diversas universidades públicas y privadas del estado, en las que, en todas ellas, ha demostrado firmeza, que en algunas ocasiones se han calificado de dureza, pero siempre con profesionalismo y honestidad.
Pero ni así con el perfil de conocimiento y experiencia de la actual fiscal, los diputados entendieron que tenían ante ellos una alternativa de iniciar una relación interinstitucional que pudiera prever de forma recíproca elementos para que la procuración de justicia en el Estado pudiera evolucionar en beneficio si de las víctimas del delito, pero sobre todo de la no impunidad, de la paz, la tranquilidad y de la justicia.
Nuevamente quienes integran esta legislatura con poco más de dos meses de haber tomado protesta creyeron que la comparecencia era un acto político, de agradar y no preguntar a fondo a la funcionaria y si, claro, una oportunidad para tomarse fotografías con ella, para “el face”, no importando si había que hacer fila para esperar su turno.
Después de que el pasado 7 de noviembre la fiscal presentó el informe anual del organismo autónomo,su comparecencia se citó para el martes 26 del miso mes, de forma muy peculiar de acuerdo al perfil particular de esta legislatura ya que se programó para las nueve de la mañana, y como siempre en todas las actividades de los diputados empezó más de quince minutos tarde, con la particularidad que ese mismo día, a las diez de la mañana se programó una sesión ordinaria, es decir, programaron solamente una hora para la comparecencia de la titular de una de las instituciones que más trabajo tienen respecto a la preocupación cotidiana de la ciudadanía.
Resaltó además que el protocolo de la comparecencia, aprobado por la JUCOPO desde el pasado 22 de noviembre, incluía en teoría como acuerdo para cumplir, la participación y cuestionamientos de un solo representante de cada una de los grupos o fracciones parlamentarias de la LXIV Legislatura, es decir la participación de seis diputados, cada uno con un tiempo de máximo tres minutos para su cuestionamiento, el cual en pocas ocasiones se cumplió y ,sin mediar explicación alguna, la diputada Leticia Vázquez, quien encabezaba la comparecencia como presidenta de la comisión primera de justicia, aprobó la participación de ocho diputados, uno más de MORENA y una más del PRI.
Al final, la comparecencia duró menos de dos horas, más cerca de 20 minutos para la toma de fotos y despedida de la funcionaria, por lo que obviamente la sesión ordinaria empezó más de una hora tarde, como siempre.
Previamente, en el acceso al edificio del congreso, la fiscal y la mayoría de los diputados entraron por un acceso alterno a la sede legislativa, evadiendo la protesta de gritos y poca ropa de mujeres activistas de quienes sus reclamos no han sido atendidos, ni han procedido las acusaciones que han hecho en contra de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Arguelles, siguiendo en espera que les resuelvan la procedencia del juicio político en contra de ella por su ignorancia, abulia y desinterés mostrado en su caso.
Ya en el pleno y antes de iniciar la comparecencia, el tercer diputado plurinominal del PVEM, pero flamante coordinador de la bancada, el chilango Héctor Serrano quien de forma equivocada quiso saludar de beso en la mejilla al diputado Tomas Zavala, y que en su siempre soberbio y acostumbrado “MODO DIOS”, como en todas las sesiones entrando y saliendo del salón de plenos en diversas ocasiones, sin dejar de masticar chicle en casi toda la comparecencia, como si no estuviera en un acto de vital trascendencia, mirando a todos de forma altanera, esperando necesitar algo para mandar llamar a quien necesitara para que acudiera a su curul a atender lo que quería plantear.
Por otro lado, a grito abierto, la diputada “de forma y no de fondo”, Aránzazu Puente, pedía a los diputados presentes que le regalaran una foto, mientras que con una pachorra inexplicable y el “pobrecito y desamparado por la vida” diputado Emilio Rosas, llegó al salón del pleno cuando la comparecencia ya había iniciado, saludando a todos como si no fuera su obligación la puntualidad debida en estos eventos.
Ya con la comparecencia iniciada, con la duda en el aire en el recinto de cuantos diputados habían leído el informe de la Fiscal General del Estado y quienes se habían preparado a fondo con preguntas y planteamientos en función a la importancia de los temas de la comparecencia, la Lic. García Cazares, de inicio se mostraba nerviosa o insegura, llegando a nombrar en primera instancia al diputado Cuautli Badillono, en vez que a la diputada Leticia Vázquez que presidia la comparecencia, o equivocándose al decir que estaba ahí “atendiendo la comunicación que le efectuara la comisión segunda de justicia del congreso” cuando la comparecencia fue responsabilidad de la comisión primera de justicia.
Poco a poco, la Fiscal fue tomando confianza, e inició de fondo su participación explicando de forma sucinta, en un resumen de menos de ocho minutos, aun cuando el protocolo diseñado le otorgaba hasta quince minutos, el informe anual de actividades, destacando avances en áreas prioritarias para la Fiscalía, como la profesionalización de la Dirección de Investigación Criminal, exponiendo que de 52 mil carpetas de investigación, se han obtenido casi 3 mil 300 años de condena, lo que según su versión representa justicia para las víctimas y una mayor seguridad para la sociedad potosina.
Además, resaltó la reorganización de la institución, la certificación internacional obtenida por algunos de los laboratorios de su dependencia, además de que actualmente existen más de cien servidores públicos que forman parte del servicio civil de carrera de la fiscalía y relató que, durante el 2024 su dependencia recuperó para diversas personas e instituciones más de 170 millones de pesos e inició 2 mil 480 carpetas de investigación contra personas detenidas en flagrancia, destacando además que, en la intención de agilizar los procesos de investigación, se ha logrado la judicialización de carpetas de investigación por feminicidios, en menos de 36 horas, lo que demuestra la firme decisión de poner fin a la impunidad en estos crímenes.
Respecto a la descentalización de la procuración de justicia, la Fiscal, en una declaración honesta, declaró que solo existen 3 ministerios públicos en las zonas con población indígenas del estado, la misma que representa más del 20 por ciento de la población del estado, sin especificar porque no se han hecho esfuerzos por tener más ministerios públicos y policías de investigación de los diversos pueblos originarios.
Quizás lo mas trascendente y a la vez de alta preocupación por las nulas repercusiones por la gravedad de lo declarado, fue lo relatado por la Fiscal General del Estado, respecto a la situación acerca del caso de las víctimas del antro Rich, cuando a pregunta expresa de la diputada Gabriela López Torres, la Lic. Manuela García Cazares calificó como un “tema mediático”, relatando que: “cuando fueron los hechos, el 7 de junio, no tenía yo los quince días de haber llegado a la fiscalía” y que se enteró de los hechos por medio de las redes sociales, con: “la confusión de cuantas personas lesionadas había realmente, ya que las redes sociales hablaban de un número mucho mayor de personas fallecidas”.
Lo que sorprende y preocupa de la respuesta de la Fiscal es que relató que en el caso del Rich, no fue sino hasta: “El día siguiente de los hechos, un día sábado, se reunió con el vice fiscal científico, y con quien era el director de la policía de métodos de investigación y de acuerdo a la forma en que ocurrieron los mismos, yo les comenté que si habían ido al lugar de los hechos, y entonces me dijeron que no, y entonces les digo que no podemos tomar decisiones sobre cómo se va a integrar una carpeta de investigación, si no conocemos el lugar de los hechos, y entonces nos trasladamos hasta el lugar y estuvieron viendo más o menos como habían acontecido los mismos partiendo de ahí se inicia la carpeta de investigación.
Es decir, según la Lic. García Cazares, el lugar y la escena en la que ocurrieron los hechos del trágico suceso del antro Rich, no estuvo resguardada por ninguna autoridad ministerial toda la madrugada después que ocurrió la desgracia y quizás hasta el mediodía del día siguiente sábado 8 de junio.
Es lamentable conocer de viva voz de la Fiscal General del Estado esta realidad, pero todo está bien y la “investigación continua”, obviamente sin las impresiones, pruebas o peritajes que se debieron realizar inmediatamente después de que sucedieron los hechos. En este tema la licenciada García Cazares concluyó que la etapa complementaria de este proceso fenece el 22 de diciembre del presente año, teniendo que llevar la fiscalía los datos de prueba, con la acreditación de los delitos y de la responsabilidad de quienes intervinieron.
En el desarrollo de la comparecencia, el grupo parlamentario del PRI inicio violando el acuerdo de protocolo para la misma, al participar las dos integrantes de ese partido en el congreso y no sólo una como se había determinado y en otro momento, la participación del Diputado Carlos Arreola de MORENA, también fuera de protocolo, ya que por ese grupo parlamentario ya había tomado la palabra la diputada Gabriela López. Desafortunadamente, nuevamente en una buena parte de la comparecencia, muchos de las y los diputados se distraian de la comparecencia, asudentandose del salón de plenos, checando sus redes sociales en su celular o hablando por teléfono.
En varios momentos de la reunión resaltó la cantidad de calificativos que rayaron en la zalamería y mucho más allá de toda cortesía política, como lo hizo antes de su intervención la diputada del PRI, Sara Rocha y haciendo lo propio en su momento, el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte.
Así la comparecencia fue cayendo en un letargo que en ocasiones parecía más un relato de las vivencias o historias contadas de forma rutinaria, con una buena parte del tiempo con las curules vacías, despertando en pocas ocasiones, como en el momento que el diputado Arreola cuestionó a la Fiscal que había hecho la fiscalía en los casos de corrupción del “PRIAN”, lo cual tuvo la respuesta clásica de que por razones de secrecía no podía dar detalles, o con la atención de los diputados en su celular, resaltando en todo ello que en al termino de todas las participaciones de la fiscal, la diputada Leticia Vázquez en cierto tono recriminatorio le solicitaba a la Fiscal General del Estado “dar respuesta a los cuesrtionamientos que se le formulen”.
Al final pocas fueron los cuestionamientos de fondo que pudieran servir para mejorar la actuación, desempeño, calidad y productividad de la fiscalía, o en mínimo caso, para establecer elementos que permitieran mejorar su marco jurídico, pero parece que no es del interés ni prioridad de los legisladores.
Queda claro que es urgente redefinir el formato y protocolos de las comparecencias, ya que, a los integrantes de la legislatura, tal como se comprobó en las comparecencias de los Secretarios de Estado para el pasado informe de gobierno y en esta de la Fiscal General del Estado.
Mientras no se haga ese replanteamiento, todo esto será tiempo, dinero y esfuerzos tirados a la basura.
