06 de agosto de 2025
DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA IMPULSA UNA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ
Con el objetivo de establecer, como uno de los principios de la planeación del estado y los municipios de San Luis Potosí, una perspectiva centrada en la familia, el diputado Rubén Guajardo Barrera propuso una iniciativa para adicionar y reformar varios artículos a la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; y a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
El legislador señala que aunque la familia ya se encuentra contemplada en algunos aspectos dentro del marco legal estatal, no podemos dejar de señalar que, en nuestro estado, la legislación tiene graves insuficiencias respecto a las disposiciones necesarias para el cumplimiento de los deberes impuestos por el artículo 4º Constitucional, ya que la perspectiva familiar se encuentra ausente de aspectos como la planeación estatal, y los deberes expresos del Gobierno estatal, así como de los ayuntamientos.
La iniciativa busca que el Plan Estatal de Desarrollo, deba apegarse a ese principio, además de los ya existentes; así como el Plan Municipal de Desarrollo de cada municipio del estado, que deberá apegarse a los principios de planeación.
También, se propone que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, incluya una nueva atribución para la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe y coordine políticas y programas para la protección y fortalecimiento de la familia, encaminadas a mejorar sus condiciones de vida.
Con ello, se busca una nueva perspectiva de las políticas y programas públicos en el estado, que sea capaz de llevar a la práctica la disposición constitucional de apoyo y protección a las familias, no solamente como una manera de cumplir con un supuesto legal fundamental, sino de crear condiciones concretas para que la acción pública tenga un impacto positivo en diferentes formas, incluyendo en la reconstrucción del tejido social.
Se turnó para su análisis a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.